Finalmente, no ocurrió lo que nunca iba a ocurrir. Después de 48 horas de operaciones cruzadas para buscar instalar que la Corte Suprema iba a resolver ayer la demanda por la coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional ese tema ni siquiera se abordó en el Acuerdo de ministros. Extramuros del Palacio de Tribunales todo era efervescencia -en ambos lados- ante la chance (auto generada) de que ese pleito tuviese resolución. No hubo siquiera intención de que formara parte del temario. En el medio, algunas promesas quedaron colgadas de un pincel (una vez más).
La desorientación y el empacho de microclima empujaron a desatender una cuestión no menor que sí tuvo una definición ayer: la Corte sostuvo que es competencia originaria de ese tribunal tratar la demanda que el BCRA le inició a la Ciudad por la eliminación de la exención del pago de Ingresos Brutos a los pases de Leliq, una de las medidas de Horacio Rodríguez Larreta tomó luego de que le podaran los puntos de coparticipación que le habían dado durante el gobierno de Mauricio Macri para apuntalar la caja. La entidad que preside Miguel Pesce alegó que esto condicionaba su política monetaria. En rigor, son dos expedientes, el otro iniciado por ADEBA por los bancos privados. Por unanimidad, el máximo Tribunal decidió correr traslado por sesenta días al Gobierno porteño. Habrá que poner un ojo a los plazos, porque son hábiles. Una mala lectura del escenario impidió predecir que esta decisión debía anteceder cualquier definición sobre el conflicto con la Coparticipación, que si bien es la génesis de este otro conflicto, su suerte tiene puntos de contacto.
Luego de esto, la Corte se dedicó a despejar el camino de cara a la jura de nuevos miembros en el Consejo de la Magistratura por el período 2022-2026, en plena tensión con el kirchnerismo por lo que puede ocurrir con el senador Martín Doñate que terminó desplazado del Consejo de “transición” en un fallo que cayó muy mal en el oficialismo y que generó controversia respecto a lo que prescribía a futuro, en el caso de la partición de bloques en el Senado para capturar la silla de la segunda minoría, una idea que se le atribuye directamente a Cristina de Kirchner y a la que la Corte calificó de “ardid”.
Bajo las fórmulas de rigor, el Consejo comunicó el expediente recibido por parte de la Cámara de Diputados donde con la firma de Cecilia Moreau se remitió la designación de representantes titulares y suplentes por esa Cámara. Allí, se pidió la jura de Vanesa Siley y rodolfo Tailhade (por la bancada de mayoría del kirchnerismo), de Álvaro González (PRO, primera minoría) y de Roxana Reyes que renueva por la UCR: párrafo aparte, la Corte subrayó sutilmente que “la única atribución” que la ley del Consejo “pone en cabeza del presidente del Tribunal” -Horacio Rosatti- es “recibir el juramento de ley a las personas nombradas”. Es decir, la salvedad de que ese acto protocolar no tiene incidencia en términos jurídicos como un aval. De hecho a Doñate, varios meses antes de desplazarlo, también le habían tomado juramento. Esa jura vale por la foto pero no da carta blanca cuando hay una controversia como pasa con los senadores. En la Acordada de ministros hicieron referencia a que habían recibido el expediente desde el Senado. “Tales designaciones se encuentran a estudio del Tribunal por razones de público conocimiento”. Deberán pasar por el VAR.
En algunos despachos corrió frío por la espalda: ¿podría el Consejo funcionar con el quorum mínimo prescindiendo de los senadores? La institucionalidad es lo único que evitaría que eso ocurra porque en términos prácticos sí sería viable. Pero lo rico está en lo que no dice la Acordada. No solo el poco plazo desde que se recibió el expediente sino que el ojo está puesto en lo que el juez contencioso Pablo Cayssials vaya a decidir con el amparo de Luis Juez. Hace pocas horas recibió la demanda de su par Alejandra Biotti. Pista 1: la Corte mira si Cayssials va a tomar en cuenta el fallo sobre Doñate. La mayoría compuesta por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda tomaron nota de que el de Diputados era una comunicación inmaculada. La de Senadores, a su criterio, contenía intrínseco un incumplimiento. De alguna forma, también en este tema dejó el camino despejado.
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