Acreedores y gobierno declaran ante Griesa

Este jueves habrá un nuevo round entre los acreedores que demandaron a la Argentina por el default de su deuda y el gobierno. Ese día, ambas partes serán recibidas por el juez neoyorquino Thomas Griesa, quien deberá decidir antes del 30 de enero si comienzan los embargos contra el país cuando venzan los tres meses de prórroga otorgados.

Un punto central que se discutirá pasado mañana pasa por el status del FMI. Los acreedores sostienen que no existen motivos para considerarlo un «acreedor privilegiado», una posición que, en realidad, es defendida sobre todo por los propios organismos internacionales y también por los Estados Unidos. Si el juez considera que no corresponde esa categoría, correrían peligro los desembolsos que efectúa la Argentina como parte del acuerdo, ya que podrían quedar sujetos a embargos.

Existen varias causas de fondos internacionales que demandaron a la Argentina por las demoras en renegociar la deuda. La más grande, por u$s 750 millones, es la de EM Limited, pero hay otra media docena que reclaman embargar activos argentinos ante las demoras por avanzar con la reestructuración.

Griesa ya dio a fin del año pasado una muestra de que será menos complaciente con la Argentina, al fallar a favor de acreedores que reclamaban la posibilidad de iniciar demandas «de clase» contra el país. Esto significa que sólo con el hecho de que un acreedor gane una demanda por un título determinado les da derecho al resto de los poseedores de esos bonos a «subirse» al reclamo sin necesidad de una sentencia particular.

Además, se aguarda que el juez dictamine -a pedido del gobierno argentino, a través del secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen- su posición respecto de la cláusula «pari passu». El reclamo puntual es que se determine claramente si los organismos internacionales (como el FMI y el Banco Mundial) son acreedores privilegiados sobre el resto. En caso de que la Justicia considere que no conservan dicho privilegio, el gobierno podría caer nuevamente en default con éstos debido a que los pagos podrían ser embargados por los fondos que iniciaron acciones legales contra la Argentina.