A través de sus técnicos, los blancos han señalado que un eventual impuesto a la renta de las personas físicas «no va a ser una panacea para la equidad y para los ingresos fiscales» aunque consideran útil su análisis. El propio ex presidente
A nivel de la Dirección General Impositiva, de acuerdo con su estructura tributaria, Uruguay tiene 73% de sus ingresos fiscales nacionales concentrados en impuestos al consumo, lo que hace muy dependientes sus ingresos de la demanda interna.
El Impuesto al Valor Agregado grava con 23% las enajenaciones de casi todos los bienes y servicios (artículos de primera necesidad, medicamentos, enseñanza, moneda, diarios, inmuebles y transporte son algunos de los principales rubros exentos), mientras que algunos alimentos, salud, turismo y energía pagan una tasa de 14%. El año anterior, los ingresos del IVA concentraron 52% de toda la recaudación de la DGI, mientras que el Impuesto Específico Interno (IMESI), otro gran impuesto que alcanza al consumo, captó 20% de los ingresos. El IMESI grava la venta de combustibles, automotores y tabacos.
El Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) es el tercero en importancia y capta 13% de los ingresos totales, gravando las rentas empresariales de la industria y el comercio. El Impuesto al Patrimonio está en cuarto lugar captando 4% de los ingresos totales de la DGI. Asimismo, en noviembre del año anterior propuso la aplicación del Impuesto al Valor Agregado a la casi totalidad de bienes y servicios, quedando solamente nueve artículos exentos (alimentos), aunque reduce la tasa máxima de 23% a 19 por ciento%.
En Uruguay, vigente desde 1982, existe además un Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) que a través de los años ha venido sufriendo variantes de importancia en sus tasas y alcance y que grava los salarios y pasividades de acuerdo con escalas. Según las modificaciones aprobadas en mayo de este año, están exentos de este impuesto los salarios públicos y privados hasta tres salarios mínimos (unos u$s 40 mensuales).
La franja de entre tres y seis salarios mínimos está gravada con una tasa de 2% y se continúa con una escala que llega a 20% para los salarios superiores a 35 salarios mínimos (unos u$s 1.350 mensuales).
Este impuesto se recauda por parte del Banco de Previsión Social -organismo que en Uruguay maneja todos los ingresos y egresos de la seguridad social, salvo algunas excepciones como bancarios, policías, militares y profesionales universitarios- junto con los aportes obreros y patronales para la jubilación, los seguros de salud, de paro y los beneficios sociales.
El compromiso que las autoridades suscribieron con el Fondo Monetario de plantear este año la reforma del sistema tributario, será seguramente uno de los temas de mayor importancia por discutir a nivel político en el último trimestre del año.
Precisamente se encuentra en Uruguay una delegación del Fondo Monetario Internacional que se reunió desde el lunes con el equipo económico para analizar las variables de la economía y preparar el informe anual, que elevará luego a consideración del directorio ejecutivo del organismo.
Uruguay suscribió en agosto un acuerdo con el FMI que prevé una caída del PBI de 11% en 2002 y de 4,5% en 2003 y que la inflación llegará a 40% en 2002 y 50% en el próximo año.
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