Admite el gobierno algo bueno de herencia Menem

Haber logrado que Estados Unidos admita que un ALCA pueda convivir con otros tratados simultáneos entre los países, negociados según sus conveniencias, es algo que no figurará en los documentos oficiales de la negociación del fin de semana en los Estados Unidos. Reproduce, sin embargo, la división de intereses que separa a los países según este ranking:

1) Países dominantes: Estados Unidos y Canadá.

2) Países con necesidades básicas satisfechas: México, Chile, que ya tienen acuerdos de libre comercio en NAFTA o con Estados Unidos.

3) Países con necesidades básicas insatisfechas pero que tienen mercados internos pequeños. Son la mayoría de los 34 que discuten el acuerdo y les vendría bien cualquier tipo de acuerdo que les permita abrir sus exportaciones a los Estados Unidos; los hay de dos clases, centroamericanos y andinos.

4) Países en situación especial; la Argentina y México, es decir con mercados internos más grandes, pero con diferencias en cuanto apertura al exterior.

La ventaja en esto último beneficia ampliamente a la Argentina, pero el regocijo de los funcionarios por el sueño de la independencia frente a Brasil encuentra algunos límites, que el gobierno expresa hacia adentro así:

1) Admitamos que hemos heredado de los '90 un país más abierto y con mejor perfil para negociar libre comercios.

2) Pero esa ventaja depende de las decenas de acuerdos de protección de inversiones que firmó el gobierno entre 1994 y 1997 y que permitieron acelerar las privatizaciones cediendo la jurisdicción para discutir litigios.

3) Por esos acuerdos la Argentina hoy enfrenta más de 20 juicios ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones o Ciadi), que han planteado empresas que reclaman por la pesificación de la economía, que entienden equivale a una confiscación.

4) Hoy la vigencia de esos acuerdos está en un filo; muchos de ellos están en el borde de la cesación. El que se firmó con EE.UU. por ejemplo, cesa a finales de 2004, ya que se firmó en 1994 y por 10 años. ¿Se renovará? Otra cuestión: en algunas oficinas del gobierno como la Procuración del Tesoro, el Ministerio de Economía y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia se acumula desde hace meses documentación que alimenta argumentos para desembarazar a la Argentina de esos acuerdos de protección de inversiones. Una posición más extrema sugiere que se denuncie esos acuerdos que hoy plantean los juicios en la Ciadi y se los rescinda. Otra posición sugiere que se suspenda su vigencia hasta que se aclare la legalidad constitucional de las condiciones que le imponen al país.

En suma, una herencia no querida, pero útil para la negociación en un frente puede presentar una complicación en otro frente. Algo que pasa siempre que un gobierno no concilia las tribus que lo integran, por lo menos indicando el rumbo hacia dónde quiere ir.