Era de esperar: APTA ( técnicos), el gremio que orienta el ex subsecretario de Transporte Aerocomercial Ricardo Cirielli, volvió a «declinar» la invitación que le cursó el Ministerio de Trabajo para sumarse a la negociación de un «acuerdo de paz social» con Aerolíneas Argentinas. El sindicato de los técnicos, uno de los que más tenazmente enfrentó a los accionistas españoles de la línea de bandera (antes a Antonio Mata, ahora a sus ex socios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual), emitió un comunicado en el que manifiesta que «el ámbito pertinente para discutir y solucionar los problemas de Aerolíneas no es el del Ministerio de Trabajo, sino el de Planificación y el de Economía». Explica que es en la cartera que encabeza Julio De Vido donde debe ejercerse el control sobre la compañía, y es la que capitanea Martín Lousteau la propietaria (al menos en lo formal) de las acciones que tiene el Estado argentino (hoy 5%) de la aérea. «Son ellos los que ejercen el control de las acciones estatales, y que deben aprobar o no los balances empresarios, además de la Justicia argentina y española», dice el comunicado firmado por Juan Pappalardo, secretario adjunto a cargo del sindicato (al menos en lo formal) mientras dure la licencia de Cirielli. Esta segunda incomparecencia de APTA a la sede de la cartera laboral no hace más que confirmar y agudizar la distancia que puso Cirielli con el gobierno de Cristina de Kirchner, desde que la Presidente decidiera no renovarle el contrato y eliminar el organismo que tenía a su cargo (sus funciones serán tomadas por una nueva agencia oficial). Cirielli se fue de la subsecretaría lanzando durísimas acusaciones contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, con quien la relación fue inexistente en el mejor de los casos durante el cuatrienio que compartieron en el gobierno.
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El comunicado de ayer agrega que «APTA no tiene ningún litigio laboral con Aerolíneas Argentinas -a diferencia de otros gremios que sí han concurrido-que requiera la intervención del Ministerio de Trabajo», párrafo que desautoriza y hasta «ningunea» la intervención de Carlos Tomada en el conflicto.
El otro sindicato que se opone a la permanencia del Grupo Marsans como accionista principal de Aerolíneas es el de los pilotos (APLA), que el viernes enviaron a su secretario gremial, Pablo Biró, a negociar en Trabajo, omitiendo la presencia de su «número uno», Jorge Pérez Tamayo. Como se ve, y tal como adelantó este diario hace una semana, la propia división del frente gremial dificultará aún más la concreción de la «paz social» que los empresarios plantean como un requisito para incorporar aviones a la flota e invertir en la aérea.
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