Aerolíneas: otra vez Bastos irá a Madrid

El ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, anunció que viajará en la primera semana de setiembre a España para entrevistarse con el nuevo titular de la SEPI, Ignacio Ruiz-Jarabo, para procurar obtener una definición sobre la venta de Aerolíneas Argentinas.
«Tengo la esperanza de que la venta se concrete en setiembre», dijo Bastos. También afirmó que mantiene «contactos permanentes con la SEPI para conocer la marcha de la venta de Aerolíneas». Destacó que «ahora se abre una instancia muy importante porque asumen las nuevas autoridades y consideramos que ellas pueden definir alguna de las negociaciones en marcha».

Precisamente el lunes próximo se realizará el primer Consejo de Administración de la SEPI bajo la presidencia de Ruiz-Jarabo, quien, se entiende, empezará en ese momento a interiorizarse de las negociaciones realizadas por Juan Gurbindo y Emilio Cabrera, dos funcionarios designados por el ex titular de la SEPI, Pedro Ferreras.

Bastos también anunció que en 15 días «vamos a regularizar la situación del Correo, nos haremos cargo de la deuda del Estado que ronda los 34 millones de pesos, y exigiremos que se pague el canon adeudado, de unos 200 millones, bajo pena de rescindir la concesión».

El ministro también anticipó que la renegociación del contrato de los aeropuertos «podría incluir una rebaja del canon, como resultado de una serie de modificaciones entre las que se incluyen la rebaja de las tasas aeroportuarias».

Bastos formuló estas declaraciones en la sala de periodistas del Ministerio de Economía, en medio de versiones sobre su renuncia, motorizadas por el pedido que hizo en ese sentido la diputada justicialista Graciela Camaño, quien lo acusó por haberse desempeñado en la empresa Enron, hasta pocos días antes de asumir el Ministerio de Infraestructura.

Bastos dijo que su nombramiento «se encuadra dentro de lo que establece la ley de ética pública», negando incompatibilidades entre su anterior función en el ámbito privado y su cargo actual. En relación con los cuestionamientos que le realiza la Cámara de Diputados por el Decreto 804, que modificó la ley de marco regulatorio eléctrico y luego fue suspendido hasta febrero, Bastos dijo que continuará en la búsqueda de consenso para su aplicación.

«Ni siquiera la bancada oficial -dijo-tiene en cuenta los problemas que podemos enfrentar si no se modifica el actual marco regulatorio.» Asimismo, reiteró que si no se revierte la falta de inversiones que viene registrando el sector eléctrico en los últimos años, «en los próximos dos o tres vamos a tener problemas con cortes y suministros de energía, y esto no es hacer terrorismo, no quiero quedar como el ministro que no hizo nada para prevenir esta situación».

Sin quórum

El Decreto 804 ya fue derogado por la Cámara de Senadores, y el miércoles Diputados se proponía hacer lo mismo pero no pudo concretarlo por falta de quórum. La norma no cuenta con apoyos en el sector empresario, en particular entre las distribuidoras eléctricas que cuestionan que se le dé un rol más importante al comercializador que podría comprar energía a los generadores y llevarla hasta los usuarios a través de las actuales redes de distribución pagando un peaje.

Las empresas distribuidoras afirmaron que esa posibilidad afectaría sus derechos, porque la concesión les otorga la exclusividad del servicio. El decreto tampoco logró apoyo en el sector de generación, mientras las empresas transportistas eléctricas criticaron que se haya derogado el plan federal de transporte, aunque éste en realidad había concitado muy escaso interés, debido a la poca claridad con que había sido planteado por el gobierno.

Ayer, el titular de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, el radical Carlos Courel, dijo que la exposición de Bastos en la Cámara «dejó en claro que resulta necesario derogar el Decreto 804».

Según Courel, «hay necesidad de dar sustento a una norma superadora de la actual», y añadió que «la norma que reemplace a este decreto debe emerger de un rápido y serio análisis que deberá hacer la Cámara de Diputados en un trabajo conjunto con el Ejecutivo».