Aeropuertos: forman comisión para postergar otro conflicto

El presidente Fernando de la Rúa firmó el viernes un decreto por el que se crea una comisión para analizar «los conflictos contractuales planteados en el sector aeroportuario», y buscar una «propuesta de conciliación» entre el Estado nacional y Aeropuertos Argentina 2000 (AA 2000).

Aunque el decreto ni siquiera en los considerandos menciona los conflictos entre las partes, se entiende que la comisión analizará los reclamos de AA 2000 por unos 200 millones de pesos debido a presuntos incumplimientos del Estado con respecto al contrato de concesión. Esos reclamos fueron rechazados por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) en marzo de 2000 y recientemente auditados por la SIGEN, organismo que reconoció una deuda del Estado con el concesionario de sólo 18,5 millones de pesos.

Se entiende además que la comisión analizará el recurso administrativo presentado en diciembre por AA 2000 con el patrocinio del ex ministro Roberto Dromi en el que se vuelven a requerir resarcimientos por diversos conceptos, entre ellos que no se haya concretado una política de cielos abiertos en la Argentina y no se concretara el plan de radarización.

La iniciativa confirma que, al igual que en el caso del Correo Argentino, el gobierno no puede encontrar una salida para estas dos privatizaciones, en las cuales los concesionarios ofrecieron al licitar más canon del que pueden pagar y acumulan incumplimientos con el Estado.

Premura

Un dato llamativo es que la disposición parece dictada con especial premura: uno de los tres miembros designados de la Comisión, Juan Octavio Gauna, no podrá integrarla, según reveló él mismo ayer a este diario, porque el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que preside, le negó la autorización pertinente el jueves pasado.

Esto significa que el decreto se firmó aun cuando Gauna había anticipado que necesitaba el consentimiento del Consejo, y antes de que tuviera tiempo de informar al Ejecutivo nacional la decisión de ese organismo.

Los otros dos integrantes de la comisión son Narciso Muñoz, un economista que según se afirma, es allegado al ex ministro Nicolás Gallo y que se desempeñó hasta hace poco en la Comisión Nacional de Pensiones Graciables, y Oscar Bouzo que fue presidente de la Comisión Municipal de Vivienda cuando De la Rúa fue jefe de la Ciudad.

Fuentes del concesionario vinculan el apuro del gobierno a la visita del presidente de Italia, Carlo Azeglio Ciampi, que hoy se encontrará con De la Rúa, para tratar una agenda que incluye la situación de las inversiones de ese país en la Argentina, siendo SEA (Aeropuerto de Milán) uno de los socios de AA 2000, aunque en relación conflictiva con el socio local, Eduardo Eurnekian.

Otras fuentes allegadas al Palacio de Hacienda afirman que el decreto estaba en marcha antes de que asumiera el nuevo ministro, impulsado por el jefe de gabinete, Chrystian Colombo. Según estas mismas fuentes, Ricardo López Murphy, se vio tentado en algún momento de la semana pasada a exigir el canon adeudado que suma 109 millones menos los 18 millones reconocidos por la SIGEN, con lo que hubiera empezado a contar con más recursos fiscales. Pero en el gobierno lo habrían convencido de que una salida de esa naturaleza podía derivar en un conflicto judicial, y el nuevo ministro terminó firmando el decreto que da a la comisión 60 días, prorrogables por otros 30, para presentar una propuesta de conciliación que no tendrá carácter administrativo definitivo .

Según el decreto, si la propuesta fuera consentida por ambas partes, deberá ser girada a la SIGEN y a la Procuración del Tesoro. Para esta segunda etapa, se prevén 60 días, prorrogables por otros 60, después de lo cual el ahora inexistente Ministerio de Infraestructura elaborará «los proyectos de normas» que fueran necesarios.

A lo mejor por el apresuramiento con que fue redactado, el decreto no contempla al Ministerio de Economía, a cargo de Infraestructura, ni la intervención del ORSNA ni de la Comisión Bicameral del Parlamento. Tampoco queda claro cómo se conciliará la labor de esta comisión con la que fue creada en enero para estudiar el acuerdo privado entre AA 2000 y el grupo Exxel, sobre las concesiones de los free-shops y los depósitos fiscales, y también la venta de las acciones que el Estado aún conserva en esos dos últimos negocios.

Lo cierto es que ahora hay dos comisiones para tratar la situación de aeropuertos, mientras en la práctica hay dos recursos administrativos presentados por el concesionario cuestionando la decisión del organismo regulador de exigirle el pago del canon, además del recurso ante la Jefatura de Gabinete, que no fueron contestados por el Estado y evidentemente no lo serán por un período de 210 días en el mejor de los casos.

Consultado sobre la formación de la comisión, el titular del ORSNA, Eduardo Sguiglia, afirmó a este diario que el hecho «no suspende de ninguna manera la obligación del concesionario en cuanto al pago del canon, del cual adeuda 109 millones más intereses, y en cuanto al plan de inversión previsto en el contrato para el primer trienio que implica 565 millones de pesos, de los cuales hasta ahora se ejecutó menos de la mitad».

Pero en la práctica, para el concesionario la constitución de la comisión lo exime por un extenso período de pagar lo adeudado e incluso las cuotas del canon que vencen en julio y enero próximos. El extenso plazo otorgado a la comisión tiene además como efecto secundario que puede seguir dilatándose la decisión sobre el rediseño del Aeroparque Metropolitano, además de las inversiones previstas en Ezeiza y aeropuertos del interior.