Aguas: accionistas ratifican salida y se habla de Vivendi
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Julio De Vido
Por las declaraciones de funcionarios de primer nivel, el gobierno estaba dispuesto a litigar porque según su interpretación, el contrato establece que si no hay un nuevo operador, el anterior debe continuar durante 12 meses.
A su vez si Suez se hubiera mantenido inflexible en devolver los activos en el plazo de 90 días y el Estado se hubiera negado a aceptar el proceso, la sociedad concesionaria debía llegar a la consignación judicial de los bienes. Estos son los juicios cruzados que se buscó evitar abriendo conversaciones con el gobierno sobre la fecha para la salida.
La expectativa del gobierno es que con un plazo mayor pueda lograr interesados en adquirir parte de las acciones, o bien un operador técnico que podría ser Aguas de Barcelona, en la cual Suez es controlante y que ya es accionista de Aguas de Barcelona, u otra empresa de capitales españoles dedicados a esta actividad. (La empresa catalana ayer votó alineada con Suez en la asamblea.)
Ayer, el gobierno no sólo logró que Suez flexibilizara su posición. También obtuvo un pronunciamiento que le conviene de parte del Banco Galicia. En un comunicado, la entidad indicó que «en la asamblea de accionistas se opuso a la rescisión del contrato y solicitó un cuarto intermedio por considerar que existe la posibilidad de continuar negociando a fin de dar una solución que satisfaga los intereses de las partes».
Añadió que la solicitud «se basó en que en la negociación de los principales puntos de discusión no se evidencian diferencias insalvables». También dijo que «continuar las gestiones es el mejor medio de defensa del interés social y la continuidadde la concesión».
Llamativamente durante todo el día, ayer no hubo declaraciones de funcionarios oficiales después de que desde el lunes arreciaron opiniones de varios ministros. Con cautela, un funcionario relevante dentro del Ministerio de Planificación explicó que «el servicio que presta Aguas Argentinas no es como el del Correo, requiere un manejo técnico para el cual el Estado ya no está preparado en este momento».




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