Ahora, desde el Boletín Oficial, admite Miceli que caso Greco es escandaloso

Economía

Como si no le faltara, Felisa Miceli agregó escándalo al polémico caso Greco al admitir, nada menos que mediante una resolución oficial suya, que el trámite de pago de la cuestionada deuda con el grupo mendocino estaba plagado de irregularidades.Son las mismas que este diario denuncia desde diciembre pasado, cuando el Congreso se negó a aprobarle a la ministra una emisión de bonos -$ 578 millones para este caso, casi el triple de la deuda real-destinados a saldar la demanda. Miceli ordenó ayer anular todas las decisiones de su propio ministerio -involucra a funcionarios actuales y de administraciones anteriores-e impugnó la liquidación homologada ante Tribunales. Tuvo que reconocer, ante la evidencia, que no se tuvieron en cuenta deudas de los Greco contra el Estado, como ya había advertido la Sindicatura. La propia funcionaria avaló el pago el año pasado al pedirle al Congreso autorización para efectuarlo. A dos meses de esa decisión, exigirá también a la Justicia que anule lo actuado hasta ahora. El gobierno aún no emitió opinión, pero algunos de sus funcionarios deberán explicar el polémico procedimiento ante los jueces.

El resultado de la investigación sobre las alternativas que llevaron al gobierno a ordenar el pago de $ 574 millones a los ex integrantes del mendocino Grupo Greco por el juicio que éstos le iniciaron al Estado, fue contundente en especial en cuanto a la responsabilidad de los abogados que no defendieron al Estado y los funcionarios -del propio Ministerio de Economía- que lo ordenaron cuando existían dudas suficientes sobre su legalidad. Esto se supo no porque Miceli anunciara el resultado de esa pesquisa, que debió iniciar forzada por las denuncias que partieron de la oposición en el Senado -cuando el Congreso recibió la orden de emitir bonos para cancelar ese monto, que luego se negó a cumplir-o porque lo comunicara al Parlamento, como se le había intimado.

La ministra, por el contrario, eligió otra vía más contundente aún, y a la vez comprometedora con su propia administración: emitió una resolución en la que declara nulo todo lo actuado por los abogados y funcionarios del caso desde 2004 hasta ahora e, inclusive, ordenó llevar todos los antecedentes a la Justicia. Lamentablemente fue publicada en una sección del Boletín Oficial que no corresponde a ese tipo de resoluciones y no incluida en el sumario de ese día del órgano de difusión oficial.

Lo increíble de la decisión es que muchos de esos actos, ahora declarados nulos, como la emisión de las órdenes de pago o la liquidación final del monto a pagar a las familias Greco-Bassil -que no incluyó en ese momento la deuda que el grupo tenía con el Estado y motivó lo abultado del pago, como se denunció en este diario y ahora la ministra también reconocefueron realizados algunos durante la administración de Roberto Lavagna en el ministerio y otros con Miceli ya instalada en su cargo.

Pero más sorprendente aún es que recién el 25 de febrero pasado el Ministerio de Economía se dio cuenta de que en la sentencia del 28 de diciembre de 2001 -emitida en medio del caos de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa-el juez interviniente alertaba sobre la existencia de «obligaciones pendientes a cargo de cada una de las partes» que se debían procesar y compensar. Las del Grupo Greco con el Estado nunca fueron tenidas en cuenta.

El final de esta historia marcaque las acciones judiciales que ahora ordena la ministra de Economía -a través del Servicio Jurídico Permanente de su cartera-podrían involucrarla a ella misma.

El reconocimiento de todos los actos cuestionados en el trámite de pago a los Greco-Bassil quedó explicitado en la Resolución 33/2007, firmada y publicada en el Boletín Oficial. Allí se revocan todos los actos administrativos que sirvieron como base para la homologación judicial de la deuda a pagar a los integrantes del ex grupo mendocino, que fue realizada el 11 de agosto de 2005.

En ese punto el gobierno ahora intenta culpar del escándalo a Lavagna, bajo quien estaba en ese momento la responsabilidad del equipo jurídico oficial que debió haber presentado en la liquidación las deudas que el Grupo Greco tenía con el Estado y que habían sido contempladas en el acuerdo que firmaron con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1987, después de una negociación con el procurador del Tesoro de entonces, Héctor Fassi.

Allí se incluyó una compensación entre el Estado y los Greco por los abusos cometidos en la expropiación de las empresas del grupo en 1980, donde los empresarios entregaban 35 empresas al Estado, retenían una decena y compensaban créditos y deudas. El incumplimiento de ese acuerdo por parte del gobierno fue lo que motivó el juicio que finalmente iniciaron al fisco.

  • Involucrados

    Pero Miceli también ordena declarar nulas todas las « tramitaciones administrativas realizadas con posterioridad a la referida homologación judicial, incluidos los formularios de requerimiento de pago presentados por los requirentes». Esa etapa del trámite involucra a funcionarios de la actual planta del ministerio y a la propia Miceli. Por si hace falta recordar, fue ella misma quien envió a la Jefatura de Gabinete el proyecto para ampliar la emisión de bonos autorizada para 2006 en $ 1.300 millones, donde $ 600 millones correspondían al pago a los Greco que fue «escondido» al Congreso dentro del rubro de pagos a «proveedores». Es imposible que una iniciativa de ese tipo no fuera firmada por la ministra y casi toda la línea debajo de ella, por lo menos, hasta la Dirección de Deuda Consolidada. Hace menos de una semana Ambito Financiero publicó los nombres de los actuales funcionarios de Economía que tuvieron el expediente Greco en su escritorio.

    Simplificando:

  • El Estado perdió el juicio que le iniciaron los Greco por el resarcimiento de las empresas que les habían sido expropiadas durante la última dictadura militar.

  • Tanto en las apelaciones como en la liquidación final habría existido «negligencia» de los abogados intervinientes, que no hicieron valer en el monto final la deuda que los Greco mantenían con distintas reparticiones del Estado. Esto llevó a que una deuda que no podía superar los $ 135 millones se elevara a $ 578 millones. Esa es, simplemente, la diferencia que involucra este escándalo.

  • Esa situación no fue advertida, supuestamente, por ninguno de los funcionarios que debieron emitir las órdenes de pago cuando les llegó la intimación judicial, al punto que se envió al Congreso un proyecto para pagarlo con bonos porque el Tesoro no tenía existencias para hacerlo, firmado por el jefe de Gabinete a pedido de la ministra de Economía.

  • La Cámara de Diputados no objetó el procedimiento y aprobó la ampliación en la emisión de bonos sin preguntar siquiera para qué se realizaba. El Senado fue el filtro; la oposición radical pidió explicaciones e inmediatamente el oficialismo bloqueó la votación en la última semana de noviembre pasado.

  • Recién el 18 de diciembre de 2006 Miceli reacciona ante el escándalo y ordena investigar su propio ministerio, lo que en ese momento ya significaba investigarse a ella misma -como tituló en ese momento este diario-.

  • El resultado de esa pesquisafue la resolución que Micelino pudo evitar, donde aparecen responsabilidades actuales y anteriores, algunas gravísimas, como que la SIGEN indicó que en diciembre de 2001 no se tuvieron en cuenta en la liquidación judicial final pagos por $ 164 millones que el Estado hizo por deudas de los Greco y que debieron «bajarse» de la cuenta definitiva.

    La Justicia ahora deberá investigar todo el proceso, con destino incierto, ya que involucra a funcionarios actuales y pasados de esta administración y de presidencias anteriores. La ruta a seguir es clara y constituye un clásico de la industria del juicio en el país: cómo se consigue complicar una sentencia hasta lograr que la deuda se multiplique, siempre en contra del Estado. Ayer, la oposición volvió a cargar contra Miceli: «No pudo ser ajena a este tema que llegó al Congreso y el oficialismo estaba dispuesto a aprobar inclusive sin despacho de comisión», dijo el jujeño Gerardo Morales. Hoy le solicitarán una audiencia a la ministra para pedir explicaciones y luego concurrirán también a la Justicia.
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