Ahorristas no son delincuentes

A partir de 1996, gracias a la consolidación incentivada por el Banco Central, el sistema financiero pasó a ser confiable para los argentinos. Ante la caída en la confianza, los inversores vendían los activos argentinos volátiles y colocaban gran parte de sus recursos en los bancos, ya que los veían como una alternativa fiable de colocación. Esto ayudó a moderar el impacto económico de las sucesivas crisis externas e internas que vivió el país desde el segundo semestre de 1998, ya que mantenía gran parte del ahorro dentro de nuestras fronteras, minimizando la caída del financiamiento de la demanda interna (ver gráfico).

Esto cambió a partir de octubre de 2000, cuando la crisis política en la que derivó la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez terminó de llevar la credibilidad en la capacidad de gestión del gobierno a cero. Por lo tanto, el crédito disponible se volvió cero y el país empezó a bordear la cesación de pagos. La gente pronto recordó que en 1989 el Estado había echado mano a los recursos de los depositantes (plan BONEX) para financiarse y, desde entonces, cuando la percepción de riesgo aumentaba, los depósitos empezaron a caer, pero por la desconfianza en el gobierno y no en los bancos. De todas formas, el sistema financiero logró irse acomodando a la pérdida de depósitos, manteniendo siempre en niveles elevados la liquidez disponible para enfrentar la corrida bancaria.

La gran debacle se produjo cuando el Banco Central decidió imponer un tope a las tasas de interés que se pagaban por los depósitos. A partir de allí, por igual rendimiento, los ahorristas prefirieron pasar sus recursos de los bancos percibidos como más débiles a los más sólidos, provocando el ahogo de los primeros. Los grandes inversores, al no recibir la remuneración que consideraban justa por el riesgo de grandes inversores, al no recibir la remuneración que consideraban justa por el riesgo de permanecer en el sistema financiero argentino, abandonaron la plaza. Conclusión: se precipitó la caída de depósitos (ver gráfico, área remarcada con un círculo).

En vez de sacar la absurda limitación a la tasa de interés, la solución adoptada fue establecer mayores restricciones, limitando la capacidad de extraer dinero de los bancos y la posibilidad de transferir capitales al exterior. Nacía el «corralito» financiero.

La pérdida de depósitos de los bancos más débiles a los más fuertes continuó y las autoridades siguieron haciendo uso de su «creatividad regulacionista» para no tener que admitir el error normativo que generó este desastre. De esta forma, se puso al sistema financiero en terapia intensiva. Lamentablemente, la salida de la convertibilidad determinó que entrara en «coma cuatro» y lo puso al borde de la muerte. Toda la operatoria en dólares que era el fuerte del negocio financiero pasaba a ser historia. ¿Quién se animaría a partir de entonces a tomar un crédito en divisa estadounidense?

Sin embargo, no todo estaba perdido. Lamentablemente, el actual gobierno, en su afán por «pesificar culturalmente» a una sociedad que piensa y mide sus ahorros en dólares decidió eliminar las cuentas corrientes y las cajas de ahorro en dicha moneda. Se permitió pasar parcialmente los saldos de esas imposiciones a cuentas en pesos y el resto se reprogramó en un plazo fijo cuyo cronograma de pagos empieza en 2003.

Conclusión: cuando se implementó el «corralito», se incentivó y facilitó la dolarización de los depositantes (principalmente pequeños y media-nos) para brindarles mayor tranquilidad. Ahora se los trata como delincuentes, castigándolos por intentar preservar el valor de sus ahorros. Se puede decir que pasamos del «corralito financiero» a un verdadero «campo de concentración financiero». Se estas medias se implementan, el sistema financiero argentino volverá a la situación de los '70 u '80. Por necesidad, la gente mantendrá sus cuentas pero con el mínimo saldo posible. La imposibilidad de manejarse en dólares dentro del sistema financiero disminuirá aun más el nivel de las imposiciones. El crédito será escaso y se manejará con altos costos de intermediación y el negocio fundamental volverá a ser el especular con activos volátiles. En una palabra, habremos perdido la oportunidad de tener un sistema bancario confiable que sea base para el desarrollo y el bienestar económico de la Argentina.

Por otro lado, la gente, al perder la disponibilidad de sus ahorros depositados en dólares, se sentirá empobrecida y tendrá una mayor incertidumbre, por lo que disminuirá su propensión a consumir. Además, todos los que estaban acumulando recursos para comprarse o cambiar de auto o vivienda o realizar algún tipo de compra de bienes durables no tendrán la posibilidad de realizarlo. La propuesta de emitir certificados endosables contra dichos depósitos a términos para que puedan adquirirse con ellos bienes es cómica. Cabe imaginarse el descuento con el que cotizarán dada la diferencia de tasa que pagan (2%) y la del mercado (superior a 25%) y dependiendo de la calidad del banco emisor.

Por eso, me permito proponer la siguiente alternativa:

1) Eliminación del tope de tasas de interés impuesto por el Banco Central. De esta forma, el sistema financiero, en especial los bancos considerados más débiles, tendrá la posibilidad de retener a los depositantes, ofreciéndoles rendimientos que sean remunerativos del riesgo percibido por el ahorrista.

2) Restablecimiento de las cuentas corrientes y las cajas de ahorro en dólares como instrumentos de ahorro en el sistema financiero. Para ello, a los individuos o personas jurídicas que hayan optado por pasar sus fondos a las cuentas en pesos al tipo de cambio oficial deberá brindárseles la oportunidad de revertir la operatoria por hasta el monto en el que ejercieron la opción y a $ 1,4 por dólar. Respetar los plazos originales de las imposiciones a término y revertir la conversión de los saldos en cajas de ahorro y cuentas corrientes en dólares a plazo fijo en dicha moneda. La tendencia de los ahorristas a pasarse de depósitos a término a otros más líquidos benefició al sistema financiero, ya que implicó menores necesidades de inmovilización de recursos (efectivos mínimos) y, por lo tanto, mayor liquidez para enfrentar los retiros de efectivo según los límites fijados. Sin embargo, con el tiempo sería esperable que los bancos logren restablecer la confianza de los ahorristas y convencerlos, con tasas más tentadoras, para que se pasen a depósitos a plazo fijo.

3) Conformación de un mercado libre de cambio dentro del sistema financiero en el cual se cotizará el valor del «dólar bancario» respecto del «peso bancario». De esta forma, se les dará posibilidad a los deudores del sistema financiero de contar con un mercado donde comprar las divisas para pagar sus pasivos con sus saldos líquidos en moneda nacional depositados en los bancos. Hoy tienen que tener el efectivo en pesos para adquirir las divisas o pagar niveles aun más elevados de tipo de cambio para adquirirlos con cheques en moneda nacional.

4) La operatoria dentro del sistema financiero debe ser absolutamente libre y deben eliminarse todas las restricciones a la transferencia de depósitos entre bancos. La determinación de las tasas de interés y de los tipos de cambio también debe estar desregulada.

5) El Banco Central deberá evaluar qué entidades pueden necesitar recursos por problema de liquidez coyuntural y atender sus necesidades (prestamista de última instancia). Sin embargo, también deberá tener en cuenta la necesidad de intervenir y liquidar aquellas que sean inviables. Para estos casos resultan muy interesantes las propuestas de armar fondos fiduciarios con sus activos y que los depositantes sean los cuotapartistas (presentadas por los Dres. Avila y Pou).

6) Las restricciones al retiro de los depósitos del sistema financiero deberán ser flexibilizadas en la medida en que se incremente la credibilidad en la gestión del gobierno y la confianza permita hacerlo sin pérdidas netas importantes de imposiciones. No debe restringirse al depositante la libre disponibilidad de sus ahorros en el sistema financiero ni el tipo de moneda en que lo tendrá.

Es posible que esto implique que algunos bancos del sistema tengan que desaparecer. Sin embargo, lo que es seguro, es que, si se implementa la propuesta del gobierno, hacia finales del año no quedará mucho menos de la mitad de las entidades actuales y con una cantidad de sucursales cada uno muchísimo menor. Esto simplemente por que las medidas tomadas llevan a una profunda contracción e informalización del negocio financiero en la Argentina.