Desde 2002 las jubilaciones estatales aumentaron 160% en el caso de la mínima y entre 11% y 22% para los haberes superiores al mínimo. Paralelamente que las de la jubilación privada se incrementaron por encima de 50% para los que optaron por una renta vitalicia y 200% para los retiros programados.
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De modo que «los haberes del régimen de capitalización, a diferencia de los administrados por el régimen público de reparto, gozan de un razonable nivel de movilidad», según afirma la consultora IDESA en su último informe publicado ayer.
En este marco se inserta el reciente fallo de la Corte Suprema, que advierte que no está dispuesta a tolerar manejos arbitrarios en los ajustes de las jubilaciones y pensiones, instando al Congreso a fijar un mecanismo de movilidad. El fallo de la Corte se refiere sólo al régimen público de reparto. Sin embargo, desde la reforma de 1994 la mayoría de los afiliados están cubiertos por un esquema mixto que implica que el haber previsional se financia desde dos fuentes: el régimen público de reparto (ANSeS) y el régimen de capitalización (AFJP).
