Allanaron el Correo por denuncia anónima

El juez Julio César Cruciani allanó ayer la sede del Correo Argentino a raíz de una denuncia anónima presentada ante la UFITCO (Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando) sobre supuestas evasiones impositivas y fraudes al Estado argentino.

Desde el Correo Central una veintena de agentes de la División Auditoría Tributaria de la Policía Federal, otros tantos de la AFIP y gente del Juzgado Nacional Nº 2 en lo Penal Económico se llevaron documentación y discos rígidos de computadoras, donde esperan encontrar evidencia de que lo denunciado de manera anónima tiene fundamentos para una causa judicial.

«Las denuncias anónimas siempre son poco confiables; yo actúo por denuncia de la UFITCO y no tengo más remedio que hacerlo, porque de no hacerlo ¿cómo queda el juzgado en caso de comprobarse alguna maniobra dolosa?», dijo el juez Cruciani a este diario.

Sin embargo, esta denuncia podría ser la reanudación de las hostilidades en la guerra del sector postal: es que en los cuarteles generales del grupo Macri -controlante del Correo Argentino-se atribuyó la denuncia anónima a uno de sus competidores en el negocio.

En un comunicado distribuido anoche a última hora, el Correo dice que «nos afirmamos en nuestra convicción de que esta denuncia se origina en procedimientos muy desleales de operadores postales que en el ámbito de una competencia sin ética ni moral buscan dificultar las operaciones del Correo Argentino». Sólo faltaría indicar el «color» del enemigo...

El magistrado recordó, además, que hace algún tiempo debió actuar -también a raíz de una denuncia anónima-contra la empresa Andreani, para descubrir que era infundada.

«El personal secuestró discos rígidos y documentación a fin de comprobar -o no-el ilícito denunciado. No puedo adelantarle el delito, pero claramente cae en la órbita de lo penal tributario», reveló Cruciani.

Curiosamente, la denuncia también hablaría de un presunto fraude a la administración pública, dado que -según trascendió- la misma indicaría que el Estado es socio del Correo. «A la fecha, Sideco (del grupo Macri) tiene 69% de las acciones; el Banco de Galicia 14%, la Corporación Financiera Internacional 5% y el personal, a través del Programa de Propiedad Participada (PPP) el restante 12%. ¿Dónde está el Estado acá?», se encrespaba anoche un alto funcionario del Correo.

El anónimo del que se hizo eco la UFITCO (que tampoco tendría otra opción que investigar y denunciar judicialmente, como finalmente hizo después de algunos meses de considerarlo), organismo que comanda el fiscal Maximiliano Rusconi, indicaría que existirían facturas «truchas» que figurarían como pagadas a empresas vinculadas con el grupo Macri.

«Lo que buscó la gente de Cruciani no tiene ninguna relación con empresas del grupo», aseguró la fuente del Correo. «Además, se trataría en todo caso de valores ínfimos que no justificarían el despliegue que se hizo.»

El comunicado del Correo dice además que «en nuestra presentación inicial (ante el juzgado de Cruciani) habíamos ofrecido nuestra colaboración para suministrar cuanto elemento se nos requiriese».

El juez reconoció que fue así: «Es verdad: un abogado del Correo se presentó y nos ofreció toda su cooperación». Pero -y esto no lo dijo el magistrado-es obvio que lo que ofrezca un investigado podría no ser lo mismo que lo que se encuentre en un procedimiento policial. «Pero es que no van a encontrar nada...», enfatizó el hombre del Correo.

Cruciani dijo que comenzará a estudiar la documentación secuestrada «a partir de mañana (por hoy), pero no puedo adelantarle cuánto tiempo me llevará estudiarla».