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17 de diciembre 2018 - 00:01

Hay que lograr más eficiencia en administración

El funcionario cordobés considera que muchas medidas negativas del Gobierno se hubieran evitado si la Argentina mejorara la gestión del gasto y de los recursos con una política tributaria simplificada.

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“Nadie nace sabiendo”, reza el dicho cuando a alguien se le dificulta una tarea. Suena evidente, al punto de que, a veces, se usa con cierta ironía para cuestionar las habilidades de quien no es capaz de ejecutar una acción, más allá de sus buenas intenciones. Luego de tres años de gestión, y a las puertas de un 2019 de elecciones presidenciales, al Gobierno nacional le vale el refrán más de una vez.

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Pero la pregunta es entonces: ¿Quién sabe? Porque, como parte inherente a la dialéctica democrática, aquellos que no están en gestión tienen siempre soluciones a las crisis que vivimos, y quienes gestionan, se escudan en que no es tan simple. Sucedió con Cambiemos mientras estuvo en campaña, y con otros antes que ellos. El error se encuentra en el enfoque de político-bombero.

Ejercer el poder debe ser una tarea más parecida a la docencia en lo que a proyección se refiere. ¿Cómo ganar en certidumbre como país en cinco años, si se toman medidas que buscan resultados para dentro de cinco meses, con el fin último de una foto de campaña? Hay por doquier síntomas de esta mirada cortoplacista. El más reciente es el ajuste que efectuará el Gobierno nacional en 2019, y que incluye los tres pilares de las malas prácticas en un sólo paquete de acciones: aumento de impuestos distorsivos que atenta contra la producción, reducción de obra pública, desacelerando herramientas que motorizan la economía y, por último, recorte de transferencias a las provincias, reduciendo así su autonomía.

El mal sabor de estas medidas empeora al ver cómo no hubieran sido necesarias ninguna de estas medidas si Argentina tuviese la misma eficiencia recaudatoria que tiene el IVA en Chile. Lograr más eficiencia en la administración, tanto de la gestión del gasto como de los recursos es, por lejos, el primer desafío que tenemos por delante.

Casos como el Monotributo Unificado en Córdoba, que agrupa el pago de Monotributo nacional, Ingresos Brutos y tasas municipales, es un buen ejemplo de cómo se le puede simplificar la vida al ciudadano con menos trámites, al mismo tiempo que se mejora la recaudación. O la total digitalización de los impuestos patrimoniales que desde el 2017 aplica la provincia de Córdoba, sustituyendo el mecanismo obsoleto de distribuir millones de cedulones todos los años para que los ciudadanos concurran a las entidades bancarias a pagar el inmobiliario y automotor. Estas experiencias demuestran que con audacia política y espíritu innovador es posible avanzar en una mejor calidad de servicios a los ciudadanos.

Hacia afuera, si la Argentina hubiese crecido durante el presente siglo como lo hicieron Chile o Uruguay, la incidencia de la pobreza sería menos de la mitad de la que sufrimos en la actualidad. Dos países con gobiernos y estrategias políticas muy dispares, pero que fueron capaces de abordar discusiones más sustanciales que la obsoleta puja entre quienes sostienen que el Estado tiene que ser más chico y quienes opinan que tiene que ser más grande. Aunque suene evidente, lo importante es un Estado que funcione bien: enfocado en el ciudadano, a partir de la innovación en la gestión, y eliminando superposición de funciones, privilegios y burocracia espuria.

El principal desafío para los 300 días que vienen es pensar más allá de los próximos 300 días. En un año marcado por la agenda electoral que definir será vital abandonar la lógica de gestión cortoplacista fuertemente condicionada por la inercia burocrática. Tanto en las provincias como en países vecinos hay ejemplos de grandes avances en materia de innovación en el Estado. Es necesario mirar hacia adentro y alrededor para encontrar buenas prácticas que deberían ser analizadas y debatidas antes de ser convocados a las urnas el 27 de octubre de 2019, momento en el que podremos definir quién está en mejores condiciones de instrumentarlas.

(*) Ministro de Finanzas de Córdoba.

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