Desde el gobierno ayer reconocieron que las últimas medidas que han tomado para el sector agropecuario determinaron «una enorme transferencia de recursos desde la producción a la industria y a otros eslabones de la cadena comercial». Y acusaron que seis empresas exportadoras «han declarado 95% del maíz registrado». De esta forma, el secretario de Agricultura, Miguel Campos, reconoció ante las entidades de la producción lo que muchos productores repetían en el mercado de granos: que los registros de 10,5 millones de toneladas de maíz, que recién se están sembrando, fueron suscriptos por unas pocas empresas, las que especularon con medidas restrictivas que les permitieran generar cuantiosas diferencias. Las empresas mencionadas serían «Cargill, ADM, Dreyfus, Glencore, General Deheza y Toepper», según los productores, aunque concentran sus miradas sobre la primera. Ahora, el gobierno realizará «una auditoría» para saber cuáles son y de qué forma supuestamente se beneficiaron las empresas exportadoras.
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Campos, que se sintió desairado por las entidades de la producción (Sociedad Rural, CRA, Coninagro, Federación Agraria y Frente Agropecuario Nacional) porque convocó a cinco presidentes y recibió a sólo uno de ellos (Horacio Delguy, del FAN) y a media docena de técnicos, mostró -según los testigos- una actitud más proclive a «defender los intereses de los productores», aunque algunos asistentes indicaban, más tarde, que «Campos peca de ingenuidad porque lo que propone es impracticable, ya que exige un nivel de control que el gobierno no puede satisfacer».
La Secretaría de Agricultura presentó en su reunión, convocada de urgencia, una serie de medidasque pretenden realizar un aporte a la actividad agropecuaria y a los problemas que aquejan la rentabilidad del campo:
Trigo: un decreto presidencialdeterminará un sistema de subsidios para los molinos harineros. El esquema previsto plantea que por cada tonelada de trigo exportado, las empresas que venden al exterior deberán acordar con un molino la entrega física de cereal destinado a abastecer el mercado interno. El gobierno publicaría semanalmente un precio de referencia para el trigo, que esta semana se ubicaría en u$s 140 por tonelada. «El problema es que cada exportador deberá acordar con un molino y esto es muy difícil, salvo que tengan una relación previa, ya que entran a jugar el nivel de cobrabilidad, la confianza y la calidad que uno exige y que otro necesita para el mercado local», decía un especialista en la operatoria de trigo.
El registro de trigo está abierto y se permitirá que quienes quieran salir de él puedan «borrar» su operación de exportación sin problemas administrativos. Igualmente el gobierno investigará cada una de las operaciones. También se estudia disminuir el plazo entre el registro y la concreción del negocio, que hoy abarca un año de disponibilidad y se lo reduciría a 3 o 6 meses.
Carnes: informó Campos que se aceptaría una flexibilización en el peso mínimo de faena para las hembras en algunas categorías. También se convocó para hoy a las 15 una reunión del Comité de Seguimiento de la cadena de ganados y carnes, un encuentro propuesto por las entidades de la producción a la ministra Felisa Miceli. Participarían por Economía Miguel Campos, la subsecretaria de Coordinación Económica, Silvia Canela, y el secretario de Política Económica, Oscar Tangelson.
