Economía apelará el fallo judicial

El Palacio de Hacienda dijo ayer que apelará el fallo suspendiendo las audiencias públicas para debatir aumentos en las tarifas. También indicó que la medida «generó preocupación porque no se le dio vista al ministerio y la decisión no considera el deterioro que puede producirse en los servicios».

También indicó que «se procuró evitar ajustes apresurados, se tomaron precauciones para atenuar el impacto de los aumentos a través de la tarifa social, y se consideraba que técnicamente era el momento oportuno para discutir el tema».

Economía afirmó que la preocupación oficial también se debe a que «el proyecto de la carta de intención que se está tratando de acordar con el Fondo incluía abrir un proceso que les diera protección a las inversiones y evite distorsiones en los servicios que afecte a los consumidores y a la reactivación».

Sin embargo, al decidir que va a apelar, el Ministerio de Economía demuestra que pretende continuar por el mismo camino que ayer provocó el fallo adverso de la Justicia, pero que también iba a terminar cuestionado por el Parlamento.

La jueza, el defensor del pueblo, los entes reguladores y varios legisladores le hicieron saber a Economía en las últimas semanas que la comisión renegociadora de los contratos no está habilitada para fijar tarifas, sino para renegociar los contratos.

Según ese razonamiento, si la renegociación exige más tiempo y probablemente termine resolviéndose con el próximo gobierno, el mecanismo para fijar aumentos de tarifas, debería pasar por las leyes de marco regulatorio, cuando las hay, o por los propios contratos, para resolver «situaciones de fuerza mayor» o «imprevistos» que de-riven en la necesidad de un ajuste.

Nadie sabe si Economía carece de equipos técnicos que puedan tomar las medidas menos vulnerables desde el punto de vista legal, o si, como dicen los más pesimistas dentro de las empresas privatizadas, el ministro quiere quedar en la posición de «quise hacerlo, pero no pude».

Por el camino de la apelación, el Ejecutivo podría llegar hasta la Corte Suprema, en un proceso que demoraría por lo menos dos o tres meses, y no es imaginable que sea posible un aumento de tarifas en pleno proceso electoral.

Por otra parte, hasta ahora el tipo de cambio se mantiene estable, la Secretaría de Energía busca cerrar un acuerdo para mantener estables los precios de los combustibles hasta fin de año, y la inflación se sitúa en niveles controlables. Todas esas condiciones harían más posible un aumento de tarifas ahora que dentro de dos meses o en mayo pasado.

A menos que Economía tema que esa relativa estabilidad se va a quebrar, no queda claro por qué no utiliza la modalidad más adecuada para subir las tarifas, sobre todo porque aunque un ajuste en los servicios públicos impacta fuertemente en los sectores de ingresos fijos habría mecanismos para repartir el ajuste en forma más o menos proporcional según el tipo de usuario. Según los expertos, si se opta por no autorizar ninguna suba, el problema queda para el próximo gobierno, pero acumula un descalce cada vez mayor que a la larga va a recaer en los consumidores o en el Estado.