Apeló Macri su procesamiento

El empresario Mauricio Macri apeló ayer el procesamiento que le dictó el juez en lo Penal Económico Carlos Liporace por el presunto delito de contrabando agravado. Macri sostuvo que «no se encuentran en el expediente elementos probatorios importantes» para sostener esa acusación y pidió una postergación de la ampliación de la declaración de indagatoria hasta tanto se incorporen a la causa los libros de actas del directorio de la ex empresa SEVEL de la Argentina SA.

El presidente de Boca y probable candidato a senador por el PJ debía declarar hoy y ahora, el juez fijará una nueva fecha cuando Peugeot-Citroën que se hizo cargo de todas las operaciones de la ex SEVEL los entregue al juzgado. Liporace procesó a Macri el 19 de febrero último, y le trabó un embargo por $ 4.900.000 a instancias de la cuestionada Sala B -Marcos Grabviker, Juan Pizatelli y Roberto Hornos-que, nuevamente, deberá definir la situación procesal de Mauricio Macri y el embargo de $ 36 millones contra Peugeot que le trabó el juez por su presunta responsabilidad jurídica en ese contrabando. Macri sostuvo que las operaciones de importación y exportación realizadas por SEVEL desde el '92 en adelante «se realizaron siguiendo las normas de la Aduana (ya que) las operaciones no sólo no fueron ilícitas sino que Macri no participó», sostuvo el escrito judicial presentado por el empresario. El presunto ilícito que se le imputa a los Macri - Francisco Macri ya había sido procesado-se produjo cuando la empresa automotriz permitió la salida del país de autopartes como «venta definitiva» que en cambio deberían haber sido exportadas como « piezas temporarias». La firma exportaba autopartes a Uruguay e importaba vehículos terminados, cobrando reembolsos en ambos casos, según la acusación de la fiscal María Gabriela Ruiz Morales.

El delito de «contrabando agravado» contempla una pena entre dos y diez años de prisión, es decir, que en caso de que hubiera un fallo condenatorio con sentencia de tres a más años, sería de cumplimiento efectivo. En este caso, la Aduana que actuaba como querellante retiró la acusación penal contra la empresa Peugeot-Citroën pero Liporace interpretó que no puede hacer un acto de esa naturaleza en forma parcial sino que extendió el desestimiento aduanero a los Macri.

Supuestas presiones

En tribunales se objetó este procedimiento de la Aduana, quien habría sido presionada (supuestamente) por el Ministerio de Economía debido a las quejas de la automotriz francesa de irse del país si continuaba lo que consideraba una persecución judicial. Peugeot-Citroën tiene previsto una inversión de más de u$s 400 millones en la Argentina. El propio juez calificó de «sugestiva» la decisión de la Aduana y estimó que « antes de fin de año» el tema podría terminar en un juicio oral y público. Liporace también le salió al cruce a las acusaciones de que lo había procesado a Macri por sus pretensiones políticas de la mano del PJ: «Eso no tiene asidero», sostuvo. Luego remató esta aclaración:

«Este procesamiento surge a raíz de una revocatoria de la Cámara de su falta de mérito. Eso sucedió en diciembre del año pasado. Yo lo único que plasmé en una resolución fue el antecedente de la Cámara. En realidad no tiene vinculación una cosa con otra, ni puede tenerla. Es muy anterior el fallo de la Cámara que revocó su falta de mérito.»