El Senado trataba anoche el proyecto que modifica la Ley de Entidades Financieras y la Carta Orgánica del Banco Central y que posibilitará al gobierno contar con casi $ 4.800 millones extra, provenientes de adelantos de la autoridad monetaria al Tesoro Nacional, entre otros puntos. La iniciativa comenzó a debatirse una vez que los senadores aprobaron la ley de protección a las empresas productoras de bienes culturales y la intervención al PAMI.
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El dictamen que llegó al recinto confirmó los adelantos que tuvo el proyecto en la Comisión de Economía de esa Cámara: se habilita al Central a otorgar préstamos al Tesoro por un equivalente a 10% de la recaudación tributaria anual para destinar a cancelación de deuda con organismos internacionales de crédito y otro 12%, calculado sobre la base monetaria, para aplicar a gasto público.
Una de las principales modificaciones que sufrió el proyecto, en relación con lo remitido por el Ejecutivo, fue la eliminación de un artículo que limitaba los derechos laborales en los casos de reestructuración de bancos cuando sus empleados fueran absorbidos por otra entidad.
El proyecto extiende las facultades del Banco Central en el manejo de activos y pasivos de las entidades intervenidas, a la vez que crea la figura del fideicomiso para administrar los bienesde las entidades en dificultades. La demora en la firma del dictamen se debió al debate entre Alfonso Prat-Gay y el Ministerio de Economía, ante el artículo que fijaba un aumento de 10% de adelantos de la entidad al gobierno para el pago exclusivo de deuda externa con organismos internacionales. Mientras Economía solicitó que se utilizara como base la recaudación impositiva, desde el Central se impulsó que 12% extra se fijara en relación con la base monetaria.
•Protección
El proyecto establece también una protección atenuada para las decisiones tomadas por el Banco Central y en especial la superintendencia de bancos y seguros. Esas decisiones, sobre todo en casos de otorgamiento de redescuentos o liquidación de entidades, sólo podrán declararse nulas mediante intervención judicial y siempre que se compruebe arbitrariedad manifiesta o malicia en la medida tomada por los funcionarios del Central.
Este punto, si bien fue el que más polémica provocó al comienzo del tratamiento de la ley, quedó saldado cuando los funcionarios de Economía les demostraron a los legisladores que no se estaba otorgando inmunidad penal a los directores del BCRA, tal como había sido anunciado cuando el gobierno de Eduardo Duhalde le prometió esta ley al FMI.
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