La intención de este marco regulatorio es fijar un margen de precios para los tubos de GLP que se utilizan en domicilios que no están dentro de la red nacional de gas natural y, de aprobarse este proyecto, las garrafas de 45 kilos pasarían a costar a lo sumo $ 20.
Fuera de esa complicación, el justicialismo buscará en la anteúltima sesión del año de Diputados el proyecto de ley que reglamenta el uso y control de los decretos de necesidad y urgencia, en el que se establece que mantendrán su validez mientras no exista un rechazo de ambas cámaras del Congreso. La semana pasada, Eduardo Camaño ratificó: «Si el bloque peronista dijo que quería votar la comisión de DNU y dice que tiene un proyecto, entonces yo voy a hacer que se vote en diciembre». La cuestión, de todas formas, no es tan simple para reglamentar este procedimiento que está pendiente desde la reforma constitucional de 1994.
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