Apura el gobierno decretos peligrosos para el país

Fernando de la Rúa tendrá lista antes del jueves una nueva tanda de decretos dentro de los que habrá dos que ya preocupan hasta a miembros del gabinete nacional. Se permitiría a los canales de televisión y radios la posibilidad de transmitir programación en cadena a todo el país utilizando en el interior meras repetidoras. Este avance, una clara retribución a la fidelidad informativa del grupo "Clarín", amenaza con ahogar a los medios del interior y terminar con la diversidad cultural en cada provincia. Hasta hoy se requiere, al menos, la asociación con un canal local para retransmitir programación. Ahora un sistema automático podrá hacerlo sin inconvenientes. Junto con eso el gobierno estudia crear una SIDE paralela para controlar toda operación superior a $ 10.000 con el objetivo de combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Será un organismo eminentemente político comandado por seis miembros y 300 enlaces en todo el país. El sistema financiero deberá informarle toda operación superior a ese monto que podrá ser sometida a investigación. En el mundo esta clase de controles depende de cada banco central y de hecho en la Argentina existen ya mecanismos de ese tipo. Pero la idea es que aquí esa unidad de investigación dependa del Ministerio de Justicia y existe temor por la confidencialidad de los datos que se le envíen. Al haber tantos funcionarios con acceso a información delicada se puede prestar a extorsiones o a manejos dolosos. Dos decisiones graves.

El gobierno definirá antes del jueves la nueva tanda de decretos que firmará Fernando de la Rúa para continuar con los 26 que fueron emitidos la semana pasada. Esta vez habrá dos temas incluidos en la firma presidencial que amenazan con convulsionar al Congreso y el gabinete mismo: la reglamentación de la ley de lavado de dinero y el nuevo decreto sobre radiodifusión que pondrá en grave peligro a los medios del interior al permitir que se transmita en cadena a todo el país utilizando sólo estaciones repetidoras en el interior. Además, en el listado de incluiría el «nunca más» de las moratorias, algo que el gobierno de Carlos Menem llegó a hacer por ley, pero que nunca se cumplió, la reglamentación de un nuevo tramo de la reforma laboral y otro que elimina algunos directorios de organismo estatales descentralizados.
La reglamentación que se plantea hoy en el gobierno de la ley contra el lavado de dine-ro presenta aristas más que peligrosas en el control de las operaciones, por lo que ya generó dos bandos opuestos dentro del gobierno y el gabinete.

Los borradores que existen hasta ahora plantean la creación de una superestructura política que controle en todo el país, mediante informes obligatorios que deben acercarle desde el sistema financiero (también quedarían incluidos en la obligación hasta los casinos, loterías y escribanías), toda operación superior a $ 10.000. Esta Unidad de Información Financiera estaría comandada por el subdi-rector de Política Criminal, Francisco D'Albora, sobreviviente de la gestión de Elías Jassan en el Ministerio de Justicia, secundado por Luis Tonelli, hombre de José Luis Machinea. Por el Frepaso colaboraría Marcelo Saín, cercano a Juan Pablo Cafiero, y los otros dos puestos serían para Zenón Biagosch -hoy en la consultora Arthur Andersen-y Alberto Curia, además de 300 enlaces en todo el país.

Este equipo, por si hace falta recordarlo, tendría bajo su conocimiento todo movimiento de fondos superior a $ 10.000 en todo el país y la posibilidad de investigarlos. Es decir, un banco de datos sobre operaciones financieras que, de utilizarse políticamente, sería altamente riesgoso. En cualquier país que cuenta con un control antilavado de narcodólares este tipo de organismos depende del la autoridad monetaria, pero nunca del Ministerio de Justicia -como se intenta en la Argentina-que es un órgano eminentemente político. Sobre todo, como aquí, donde ya existe en el Banco Central un doble mecanismo de «alerta temprana» y «operación sospechosa» que multa hasta con la liquidación a las entidades financieras que no controlen el movimiento de fondos bajo sospecha.

Tal razonamiento ya llevó a que un grupo de funcionarios y allegados al gobierno se alinearan en contra de la idea. En ese grupo están el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, Fernando de Santibañes y el actual secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Virgilio Loiacono.

Ellos creen que no se debe crear una superestructura política que tenga el poder de manejar semejante cantidad de información sobre operaciones de particulares y con un dudoso esquema de confidencialidad de los registros que deberá comunicar el sistema financiero.

Frente a estos funcionarios se paran Lorenzo Cortese, secretario de Lucha contra el Narcotráfico, y Jorge de la Rúa, el hermano del Presidente que comenzó siendo su hombre de confianza en el gobierno pero que hasta ahora ha demostrado generarle más problemas de los que le soluciona.

El segundo decreto en marcha esta semana puede convertirse en un regalo para el monopolio «Clarín» que opaque cualquier avance que consiguió el grupo en los últimos años frente a la ley de radiodifusión: la autorización para formar cadenas de transmisión radiales y televisivas a todo el país mediante meras estaciones repetidoras.

Esta idea de avanzar nuevamente por decreto sobre la ley de radiodifusión, en esta ocasión fogoneada por Darío Lopérfido, tiene sus antecedentes en el gobierno de Carlos Menem. Para no retroceder demasiado en la historia, dos meses antes de la salida del gobierno peronista, Menem modificó por decreto la ley de radiodifusión permitiendo la transmisión en cadena en vivo y tiempo real de programación en todo el país.

El único límite que se fijó fue que esa operación podía ser realizada por los canales locales en sociedad con las empresas de televisión y radio nacionales. Es decir, se obligaba a quien quisiera transmitir programación uniforme a todo el país a «comprar» medios locales. De todas formas esa medida ya significaba la muerte de la televisión e información particular de cada provincia por el lógico abaratamiento de costos que supone la repetición de una misma programación.

Con el decreto que ahora estudia el gobierno se le facilita a «Clarín» mucho más la cuestión: una simple estación -puede funcionar automáticamente hasta sin personal-retransmitirá la información a cualquier zona del país sin limitaciones ni necesidad de mantener en funcionamiento un canal local.

Para intentar frenar la oposición que surgirá en el Congreso desde el grupo «Clarín» ya se cursaron algunas invitaciones en el Congreso, es el caso del peronista Norberto Nicotra y de Pablo Fondevila, para palpar la voluntad de los legisladores. Pero, por lo pronto, la promesa de un pronto decreto ya le llegó a «Clarín» desde varios funcionarios del gobierno.