Asamblea hoy en Aguas

Avanza el gobierno hacia la reestatización de Aguas Argentinas. En una asamblea, hoy los accionistas confirmarían que dejan el país la primera semana de febrero. El esquema por aplicar sería igual al del Correo: dijeron que llamaban a licitación en 60 días, y ya pasaron dos años. Crearían una «unidad ejecutora» que se haría cargo del servicio. Es un riesgo mayor que administrar un correo: una cosa es llegar tarde con una carta y otra no dar agua potable o cloacas.

Hoy la asamblea de accionistas de Aguas Argentinas podría avanzar en el camino que debería terminar con la reestatización de la empresa. La reunión, que se llevará a cabo esta mañana en la sede de la calle Tucumán, no determinaría la disolución de la empresa, tal como hiciera la francesa Suez hace algunos días en su controlada Aguas de Santa Fe. Sin embargo, la asamblea consideraría hoy qué respuesta se le da a una carta suscripta por Hugo Amicarelli, subsecretario de Recursos Hídricos. En esa misiva de fines de diciembre, el funcionario rechazaba por «improcedente» la carta enviada por Aguas el 22 de setiembre del año pasado; en ella la empresa daba el preaviso de 90 días para considerar rescindida la concesión, culpando de la situación a diversos incumplimientos que le atribuye al Estado Nacional y ante la imposibilidad de continuar prestando el servicio por esos incumplimientos. Esta posibilidad estaba prevista en el contrato de concesión, pero -previsiblemente- Amicarelli rechazó el planteo. Según trascendió, y dado que nada se modificó en la relación Aguas/gobierno en estos casi cuatro meses, los accionistas mayoritarios de Aguas ratificarán los términos de su carta de setiembre y, por lo tanto, la fecha tope para la retirada de Suez de la Argentina seguirá siendo la primera semana de febrero. Los accionistas de Aguas podrían prorrogar ese vencimiento, lo que hoy parece poco probable dada lo tensa de la relación con el Estado.

¿Qué hará el gobierno ante esta respuesta a su respuesta? Los caminos no parecen muchos: podría rescindir el contrato de concesión atribuyéndole las fallas, falencias e incumplimientos al concesionario. Lo contrario resultaría en una segura victoria en el CIADI de Suez. Como se recordará, la francesa le reclama a la Argentina u$s 1.200 millones de indemnización ante ese organismo del Banco Mundial por la ruptura del contrato original que resultó de la pesificación de las tarifas y su no reajuste posterior.

Lo que Suez pretendía era una solución «a la Edenor»: que se le permita vender su paquete accionario a los fondos Fintech y Latin Assets (ambos del mexicano David Martínez) con el compromiso de «bajarse» del juicio en el CIADI una vez concretada la transacción. Fue lo que hizo Electicité de France (EdF), a la que el gobierno le permitió venderle la mayoría de Edenor al Grupo Dolphin para dos semanas más tarde renunciar al juicio.

El gobierno, en este caso, le planteó a Suez el camino exactamente inverso: primero renuncien al juicio y después les autorizaríamos la venta. Al mexicano Martínez tampoco le facilitaron el camino: que primero compre y después se verá si se habla de tarifas. Por lo tanto, es casi un hecho que el gobierno no optará por el «modelo Edenor» en el caso de Aguas sino por el «modelo Correo Argentino», en el que -luego de quitarle la concesión a Franco Macri- prometieron quedarse sesenta días, y ya llevan más de dos años.