Un informe técnico de una consultora concluye que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo Nacional contiene los recursos necesarios para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, cumplir la ley requeriría entre $2 y $3,65 billones en 2027, mientras que el propio presupuesto deja $5,93 billones sin asignación específica dentro de Obligaciones a cargo del Tesoro. Como esos fondos ya forman parte del gasto total previsto, destinarlos a las universidades no modificaría el resultado fiscal que proyecta el gobierno nacional.
Los datos provienen del análisis de Zentrix Consultora sobre la Ley 27.795 (Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente).
Cabe subrayar que la Ley de Financiamiento Universitario está vigente desde octubre de 2025, cuando ambas cámaras del Congreso de la Nación insistieron con los dos tercios luego del veto presidencial. El Ejecutivo la promulgó, pero suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025, con un argumento fiscal: la norma no identifica de dónde saldrían los fondos.
Equilibrio Fiscal: Destinar estos fondos no alteraría el resultado fiscal proyectado por el gobierno nacional.
Desde entonces, la Justicia ordenó cumplir los artículos de salarios y becas, en una cautelar que la Corte Suprema dejó firme en junio. El 6 de octubre pasado, un juzgado federal ordenó aplicar la ley completa, en una sentencia que el Gobierno apeló. El interrogante de fondo sigue abierto: ¿hay recursos para cumplirlo?
¿Cuánto cuesta cumplir la ley?
El informe de Zentrix calcula el costo fiscal sobre los $7,35 billones que el artículo 12 del proyecto asigna a las universidades nacionales. Cumplir únicamente con las exigencias actuales de la medida cautelar —enfocadas en la recomposición de salarios y becas— implicaría un desembolso de unos $2 billones en 2027. En tanto, de aplicar la ley en forma integral, incorporando la actualización de los gastos de funcionamiento y el financiamiento para los hospitales universitarios y la ciencia, requeriría entre $2,45 y $3,65 billones, según la base de cálculo utilizada.
En cualquier escenario, el monto representa entre el 1% y el 1,8% del gasto total proyectado para 2027, equivalente a entre un 0,14% y un 0,26% del PBI.
¿Dónde se encuentran los fondos?
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un fuerte aumento en las Obligaciones a cargo del Tesoro, que saltan de $5,6 a $14,8 billones. De esa cifra, $7,68 billones figuran como "Otras asistencias financieras" sin destino ya establecido.
Incluso descontando los fondos pautados para subas salariales del Estado ($1,45 billones) y el presupuesto universitario actual ($0,30 billones), restan $5,93 billones de libre disponibilidad para el Poder Ejecutivo. En ese sentido, aplicar la ley universitaria completa representaría, como máximo, el 62% de ese fondo sin asignar.
Lo fundamental del informe en ese marco, es que no perturba el equilibrio fiscal trazado como objetivo por parte del gobierno nacional dado que ese margen no implica gasto nuevo. Los fondos sin asignación específica ya están contabilizados en el gasto total del proyecto, de modo que reasignarlos a las universidades no altera el resultado financiero previsto: lo que se reduce es la discrecionalidad del PEN para decidir su destino.
Según el estudio, eso implica que tampoco hace falta una ley nueva. La Ley de Administración Financiera (24.156) habilita al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a reestructurar créditos dentro del monto total aprobado, y el propio proyecto 2027 otorga al PEN facultades de reasignación durante el ejercicio.
Además, existe una salida de orden legal. El artículo 5 de la Ley 24.629, en el que se apoya la suspensión, frena una ley de gasto solo “hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”. Si el Congreso de la Nación incorpora la partida al tratar el Presupuesto 2027, el fundamento del Decreto 759/2025 deja de existir.
La inflación recae sobre el ingreso de los docentes
Según el informe de Zentrix, dado que nueve de cada diez pesos del presupuesto universitario se destinan a salarios, el desfasaje entre el crédito asignado y la inflación recae directamente sobre los ingresos de los docentes y del personal no docente.
Aunque el acuerdo de junio logró frenar 19 meses consecutivos de caída, el salario real se mantiene un 22% por debajo del nivel registrado en noviembre de 2023. De acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), unos 10.000 docentes renunciaron durante este período, mientras que en 2025 la ejecución real del presupuesto universitario destinado a Ciencia y Técnica representó apenas el 38% del nivel de 2023.
Aunque el acuerdo de junio logró frenar 19 meses consecutivos de caída, el salario real se mantiene un 22% por debajo del nivel registrado en noviembre de 2023.
Cabe subrayar que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también planteaba lo mismo: que el costo del proyecto se podía cubrir sin afectar el equilibrio fiscal, en línea con lo desarrollado por la consultora Zentrix.
Lo que viene
El proyecto de Presupuesto 2027 abre un nuevo frente de tormenta para el sector universitario. El artículo 12 establece un techo rígido para el crédito presupuestario calculado sobre las plantas de personal a noviembre de 2026, lo que choca de frente con la Ley 27.795, que exige paritarias trimestrales y ajustes por inflación.
De haber una brecha inflacionaria, cada 5 puntos de desvío dejarán un bache de $0,32 billones sin financiar. Como el presupuesto no deroga la ley, la disputa legal continuará. El desenlace ahora depende de dos instancias: la Cámara de Apelaciones y el propio Congreso, que aún puede saldar la discusión sin romper la pauta fiscal.
