Autorizan más exenciones al pago del IVA

El Senado convirtió ayer en ley un proyecto de modificación al IVA que autoriza a los propietarios de estaciones de servicio a tomar como pago a cuenta de ese impuesto el costo de los trazadores químicos -reactivos físicos- que se utilizan para el control de adulteraciones.

La intención del gobierno es evitar que las estaciones de servicio reciban combustible adulterado o que éste no corresponda a la zona del país donde se encuentra el local abastecido, y se justifica la desgravación en que esa tarea está siendo cumplida por los propios propietarios y no por un organismo oficial. En este caso, se quiere impedir que la nafta o el gasoil que corresponde a la Patagonia y que se encuentra subsidiado por el gobierno nacional, no sea vendido fuera del ámbito correspondiente.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich, fue el encargado de informar en el recinto que el uso de los trazadores permitió reducir de 667 mil a 144 mil los litros de combustibles que anualmente se evaden en todo el país, lo que permite un aumento en la recaudación de aproximadamente $ 500 millones.

La iniciativa obliga a los dueños de estaciones de servicio a pagar unos $ 300 anuales para la compra de reactivos a una empresa que ganó la licitación a la que llamó la AFIP, lo que generaría un costo fiscal de $ 18 millones que serían deduciblesdel pago del IVA. Además, el Senado convirtió en ley por unanimidad otro proyecto que modifica el mismo impuesto, en lo que se refiere a los fondos fiduciarios creados para las denominadas minipymes. Son los fideicomisos que los Estados nacional, provincial o municipal transfieren para estrategias de promoción de pequeños emprendimientos. En el caso de que los Estados son fiduciantes, los recursos para promover las pymes están libres del pago del IVA.

Facturas

Los senadores terminaron la sesión con otro proyecto -en este caso debe pasar a Diputados- que establece que todas las facturas emitidas por las empresas prestatarias de servicios públicos a usuarios deben consignar si el titular registra deudas de períodos anteriores al facturado.

Además, si no consta la existencia de una deuda anterior, el proyecto prevé que esa factura, una vez abonada, sirva como certificado de libre deuda permanente.

«De ese modo, los consumidores no van a tener que acopiar las facturas de sus pagos durante años. A veces aparecen deudas que ya fueron canceladas, y eso obliga a los usuarios a hacer largas colas para terminar de constatar que no tienen deudas», señaló la justicialista María Laura Leguizamón, promotora de la iniciativa.