La Cámara de Diputados incluirá en las últimas votaciones del año la sanción de dos proyectos que modifican la Ley de Protección de Datos Personales, obligando a las empresas que administran bases de datos sobre riesgo crediticio y al Banco Central a eliminar de sus registros a todos los deudores que hubieran entrado en mora entre el 1 de enero de 2001 y el 25 de mayo de 2003.
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El dictamen de esos proyectos ya fue firmado en la comisión de Asuntos Constitucionales y dispondrá el último jubileo para que los morosos que abonaron o refinanciaron sus deudas puedan volver al sistema financiero.
Los proyectos establecen modificaciones para favorecer a quienes contrajeron deudas durante la última crisis económica y no las cancelaron en tiempo y forma y permitir a morosos a efectuar sus descargos antes de ser incorporados a las bases de datos de deudores.
El primero de los dictámenes introduce una cláusula transitoria a la ley 25.326 -de hábeas data- para que las personas físicas o jurídicas que se hayan endeudado entre el 1 de enero de 2001 y el 25 de mayo de 2003 y cancelado su deuda o acordado un plan de pago hasta 180 días después de sancionada la ley, sean borradas por única vez de la central de deudores del Banco Central o la base de datos de las empresas prestadoras de información crediticia.
«Es una especie de jubileo para quienes se endeudaron durante la crisis sin precedentes y quedaron estigmatizados a partir de una situación extraordinaria de recesión y ruptura de la capacidad de pago», dijo la diputada Mercedes Marcó del Pont, autora del proyecto.
El segundo despacho no es transitorio sino permanente. Establece que las personas deben ser informadas con 10 días hábiles de anticipación, antes de ser incorporadas a algún listado de deudores, de modo que puedan aportar las pruebas necesarias para corregir cualquier eventual error.
«Recién después de ese plazo se puede proceder. Con la ley vigente se estaba ante el hechoconsumado y uno no se enteraba nunca o sólo cuando iba a requerir un crédito», explicó Del Pont.
El proyecto ya cuenta con el apoyo del kirchnerismo, la UCR y el PRO en general, y se aprobó en una sesión de la comisión que omitió el debate y directamente pasó a la firma el proyecto.
La ley actual estipula en dos años el tiempo en que pueden ser archivados, registrados o cedidos los datos personales de un deudor que ha cancelado o expresado su voluntad de pagar su deuda, y establece que la publicación de la información crediticia no requiere el previo consentimiento del damnificado.
