San Luis - La Cámara de Diputados se encamina a darle media sanción pasado mañana al proyecto de ley «anticorralito», que exige a los bancos radicados en la provincia devolver los depósitos (en la moneda original) a los ahorristas públicos y privados, bajo la amenaza de retirarles la autorización para seguir operando en el territorio provincial.
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Tanto la presidente de la comisión de Finanzas, Susana Sosa Lago, como el titular de la Cámara Baja, Carlos Sergnese, dieron como un hecho la aprobación de la iniciativa en la próxima sesión, en la cual pedirán el tratamiento sobre tablas.
Hoy lo tratará la comisión de Negocios Constitucionales, que no hará más que ratificar el dictamen favorable ya emitido por la comisión de Finanzas, la cual reforzó el texto original enviado por el gobierno.
En San Luis el principal ahorrista es el mismo Estado provincial, con 234 millones de dólares atrapados en el Banco Nación que llevaron a la gobernadora Alicia Lemme a accionar ante la Corte Suprema Justicia de la Nación, de la que espera la formalización de una propuesta.
El proyecto de ley contempla además «la declaración del Estado de Emergencia Financiera en la provincia mientras duren las restricciones financieras» impuestas por el decreto nacional Nº 1570/01. El proyecto esencialmente establece que:
• Todos los depósitos de propiedad del Estado provincial, municipios, personas físicas y jurídicas deben ser, de acuerdo a la Constitución provincial, reintegrados de inmediato y sin restricción alguna en las condiciones originalmente pactadas.
• Los titulares de los depósitos podrán, a su exclusivo criterio, acordar con cada banco la modalidad del reintegro.
• Si los bancos no se ajustan a las disposiciones, se les revocará la autorización para funcionar en la provincia y serán pasibles de las multas y sanciones que se reglamentarán.
• Los bancos que sean sancionados no quedarán desobligados de cumplir con todos los compromisos tributarios provinciales, laborales y previsionales.
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