Banco Nación pagó un amparo a $ 1,40 y hubo incidentes

El «goteo» financiero que desangra a los bancos y los pone al límite de sus capacidades operativas no parece tener fin. Ayer dos jueces federales ordenaron restituir depósitos retenidos en el «corralito» a un dólar libre y no a la pesificación de 1,40 por cada unidad de la moneda norteamericana como lo había dispuesto el gobierno: el caso más grave se vivió en Córdoba, donde se llegó a detener al gerente de la sucursal local del Banco Nación por negarse a cumplir el mandato judicial y acatar la decisión del directorio de ajustarse a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo. En tanto la Corte tiene en el «freezer» los recursos de los bancos hasta que no se caiga el juicio político. Esta medida podría ser tratada la semana próxima en Diputados y con ello comenzar a normalizarse esta grave situación.

Dos jueces federales obligaron ayer a los bancos a restituir depósitos retenidos por el «corralito» financiero a la cotización del mercado libre de cambios y no a la pesificación de $ 1,40 por cada dólar como lo establece el Decreto 905/02. Este hecho se repetirá hasta que la Suprema Corte de Justicia no dicte una sentencia frenando el «goteo». Quizás esto ocurra cuando se caiga el juicio político la semana que viene. El primero de ellos ocurrió en Córdoba, donde la jueza federal Cristina Garzón de Lascano detuvo al gerente de la sucursal local del Banco Nación, Alberto Lalas, por negarse a cumplir un mandato judicial que disponía la restitución de un plazo fijo de u$s 5.000 a valor de mercado. El otro caso tuvo su localización en la casa central del Citibank en la Capital Federal cuando el juez en lo Contencioso Administrativo Osvaldo Guglielmino -uno de los más reacios a otorgar amparos por el «corralito»- ordenó devolver unos u$s 80.000 al cambio de $ 3,50 por cada dólar a Iris y Riego Burgos, matrimonio septuagenario que padece un grave cuadro de hipertensión arterial y diabetes. También en la casa matriz del Banco Nación se vivieron situaciones de enfrentamientos entre gerentes y funcionarios judiciales, porque esa entidad oficial decidió devolver los depósitos retenidos a $ 1,40, aunque anoche se analizaba que el plazo fijo de Córdoba sea pagado a $ 3,50.

Pero lo que más inquieta a los banqueros es la dilación de la Corte de pronunciarse sobre este tema. En el más alto tribunal alegan, ahora, que mientras no se encuentre en el país la totalidad de sus integrantes no podrá abocarse al tratamiento de estos recursos o del planteo de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPRA) para que se respalde a la denominada «ley antigoteo». Los motivos de las ausencias de los jueces supremos son variadas: Eduardo Moliné O'Connor y Adolfo Vázquez se encuentran en Estados Unidos para asistir a un encuentro internacional sobre libertad de prensa, en el que aprovecharán para plantear la situación que vive ese tribunal en la Argentina acosada por un juicio político que aún no se cierra.

Precisamente, la falta de decisión del gobierno de Eduardo Duhalde y de los diputados que le responden para definir el proceso que tiene a los máximos jueces al borde de la expulsión es el principal motivo para la inacción de la Corte, al punto que desde hace más de un mes que los habituales acuerdos semanales son nada más que reuniones formales. Otro juez que se encuentra en el exterior es Antonio Boggiano, asiduo concurrente a las reuniones de los tribunales internacionales en La Haya, un lugar al que este juez aspira para un futuro poscorte. Otros dos magistrados -Guillermo López y Augusto Belluscio- se encuentran enfermos, recluidos en sus domicilios, mientras que Enrique Petracchi y Gustavo Bossert se han excusado de tratar asuntos vinculados con el «corralito» financiero, lo que impide la formalización de cualquier acuerdo.sus integrantes no podrá abocarse al tratamiento de estos recursos.