Bonistas “reestructurados” en alerta

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Los bonistas con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional que ingresaron en el canje de deuda de agosto pasado, saben que es ahora o nunca. Creen que es el último momento para presionar ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de conseguir que el organismo le exija al país fuertes condiciones en el eventual Facilidades Extendidas. Esto incluye las metas monetarias, fiscales, cambiarias y macroeconómicas lo más duras posibles, y que les garanticen que el nivel de sus apuestas por la Argentina tendrán alguna posibilidad de mejora; hoy navegando (y desde hace meses) el cotizaciones de default.

Alertados por los rumores que surgen de las negociaciones entre el Gobierno argentino y los funcionarios del organismo, sobre la posibilidad de un acuerdo algo light, según su mirada; y la posibilidad de aceptación de la propuesta de Martín Guzmán de no aplicar ajustes sino que el equilibrio fiscal se logre con los años vía incremento en los ingresos (y no una baja del gasto público); los inversores están alarmados. No creen que el Gobierno cumpla esta propuesta y afirman que un plan negociado con el FMI sobre la base de un “no ajuste” sino una apuesta a la mejora en la economía; no servirá para que los mercados comiencen a tomar confianza en la economía argentina. Y que, en consecuencia, no habría recuperación en la cotización de sus bonos durante el 2022. Lo que derivaría además en que los fondos de inversión en cuestión tendrían que mantener esas posiciones ante las pérdidas que continuarían acumulándose, en papeles que fueron canjeados al 54,8% y que hoy cotizan no más allá del 39% en el mejor de los casos.

El temor de los fondos es concreto y puntual. Consideran que sin la firma de un Facilidades Extendidas clásico (en su dureza) y la exigencia de un cumplimiento de metas concretas durante el período en el que el país no debería hacer pagos (hasta el segundo semestre del 2026), sus tenencias en bonos reestructurados continuarán en precios de default.

Y, en consecuencia, seguirán con sus activos financieros a un valor inferior al Valor Presente Neto de corte del canje de agosto del año pasado, de 54,8%. Los títulos lanzados en la reestructuración muestran hoy un valor de entre 32,8 y 37,9%; un nivel que los analistas califican de “distressed”. El principal temor de los bonistas, es que recién hacia fines del 2024, año en donde debería comenzar a aplicarse el pago de capital de los bonos; esos títulos públicos prácticamente no tendrían valor comercial en el mercado de capitales internacional; con lo cual deberían permanecer en las carteras de los inversores.

Obviamente se trata de un problema que para el equipo económico que maneja Martín Guzmán, no está en las prioridades de la negociación con el FMI. Por esto saben los fondos de inversión que la única bala debe estar dirigida hacia el FMI.

La preocupación es en realidad similar a la del organismo financiero. El FMI cree que el acuerdo (sea light o hard), tenga detrás un plan lo suficientemente sólido como para que derive en el ahorro de los dólares que se le deberían liquidar al FMI en el 2026, primer año de pago de capitales e intereses en un Facilidades Extendidas a 10 años. Pero, a diferencia del Fondo, donde los vencimientos pueden renegociarse y extender en el tiempo los pagos, en el mercado financiero voluntario internacional la deuda se debe liquidar. Y esto puede concretarse con reservas o con la emisión de nuevos títulos públicos lanzados en los mercados voluntarios de deuda, preferentemente en Wall Street. Para los bonistas es indiferente si el dinero para el cumplimiento de las obligaciones sale de los dólares acumulados en el BCRA o de nueva emisión de pasivos. Lo importante es que el dinero esté, y que a partir de esa novedad los precios de los papeles se normalicen y coticen a una posición más compatible con títulos públicos de un país con calificación de emergente; y no siempre al borde del default.

Para que esto se concrete, coinciden los bonistas internacionales, este es el momento exacto en el que se debe presionar sobre el FMI para que el organismo que maneja Kristalina Georgieva obligue a firmar a la Argentina un acuerdo que garantice la solvencia fiscal, monetaria y contable lo suficientemente sólida para que sus pagos estén asegurados.