El gobierno se apura a sancionar en el Senado una medida importante para atenuar problemas por la falta de energía. Se reconoce que la caída de reservas tanto de petróleo como de gas fue crítica en los últimos años y por eso se premiará a empresas de hidrocarburos que exploren nuevas áreas. Será siempre en asociación con la estatal ENARSA. Habrá más beneficios impositivos y mayores plazos para la búsqueda de petróleo en la plataforma continental. La ley fue pedida hace un año y medio al Congreso, pero recién hace dos meses comenzó el apuro por sancionarla, al mismo tiempo que recrudeció la falta de combustibles y electricidad.
El Senado se apresta a convertir en ley esta semana el proyecto más importante que el gobierno tiene en tratamiento hoy en el Congreso: el régimen de incentivos a la exploración y explotación petrolera a través de un sistema de promoción de inversiones, un esquema que el gobierno ya utilizó en otras actividades.
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El proyecto estaba listo para tratarse la semana pasada, pero en la agenda se postergó. Se trata con la iniciativa de ampliar las reservas nacionales de crudo y gas, en emprendimiento tanto para abrir nuevas áreas de explotación como para reactivar algunas que hoy operan con baja productividad, posibilitando que las empresas subdividan estas últimas para gozar de los incentivos fiscales, siempre en asociación con ENARSA que es hoy la titular de cada una de esas áreas disponibles.
Esa obligación de asociarse con la petrolera estatal de cada empresa que ingrese al nuevo régimen fue criticada por la oposición, al considerar que ese requisito podría ser dejado de lado por el Ministerio de Planificación Federal -que conduce Julio De Vido- y así beneficiar directamente a petroleras privadas.
La idea del gobierno es impulsar también explotaciones offshore -en la plataforma continental-, la zona menos explorada del país en materia petrolera. Los datos disponibles revelan que la producción actual de hidrocarburos proviene de sólo cinco de las más de veinte cuencas sedimentarias existentes. Así lo explicó el gobierno en el pedido que hizo al Congreso hace mas de un año y medio.
Allí se reconoce que la « producción de petróleo crudo ha declinado desde un máximo de casi cincuenta millones de metros cúbicos producidos en 1998, hasta los cuarenta millones de metros cúbicos extraídos durante 2004» y que «la relación reservas/producción se ha mantenido en torno a los nueve años». Por eso se propone la necesidad de incentivar a las empresas para que inviertan en exploración en busca de nuevas reservas. Las compañías que participen podrán computar:
Todos los beneficios de la Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura que se sancionaron para la construcción del Gasoducto del Noroeste en materia de Impuesto al Valor Agregado y Ganancias. Es decir, devolución anticipada del IVA para las inversiones de bienes de capital, y habilitación para que los gastos realizados en la etapa de exploración y explotación se amorticen en tres cuotas iguales en cuanto al Impuesto a las Ganancias.
También se habilita la exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Y gozarán de los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras, en cuanto a que las empresas estarán exentas de los derechos a la importación sobre los bienes que utilicen en la exploración.
La promoción sólo alcanza a las áreas que no han sido exploradas por ahora o a las que están parcialmente desarrolladas. La futura ley exigirá a los que quieran beneficiarse con la política de promoción, que se asocien con ENARSA. Pero el proyecto permite a los interesados aspirar a las ventajas sin el requisito de asociación, «en el caso de una renuncia explícita (de ENARSA) ante la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal», dice el texto.
Los beneficios regirán a partir de la promulgación de la ley y por cinco años para áreas situadas en la plataforma continental; cuatro años, para cuencas sedimentarias sin producción, y tres años, si tienen producción.
