El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, volvió a criticar con dureza a los fondos buitres y dijo que el avance que pretenden sobre los activos de YPF-Chevron -informado en su edición de hoy por Ámbito Financiero- "exhibe con claridad su voracidad".
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"Si hay algo que exhiben con claridad es su voracidad para apoderarse de activos reales", lanzó Capitanich en su habitual conferencia de prensa al referirse a la información publicada hoy por este medio.
"¿Qué quieren los bonistas (de fondos buitre)?: que se aumente la deuda externa para volver a condicionar el crecimiento", aseguró el funcionario, tras admitir que "hay noticias que quieren embargar a Chevron en Vaca Muerta (yacimiento). Claro: si hay algo que muestra claridad es su voracidad para apropiarse de activos reales".
De inmediato, aseguró que "si ellos consideran que no debería existir ningún efecto colateral en un eventual acuerdo con la Argentina ¿por qué no adquieren un seguro que impida la ejecución de acciones colaterales de otros bonistas que adhirieron voluntariamente?". Capitanich se expresó de este modo durante su habitual conferencia de prensa, a solo un día que los abogados de ese fondo participen de una nueva audiencia con el juez Thomas Griesa.
Por otra parte, advirtió que la cláusula RUFO, del acreedor más favorecido, "puede disparar un pasivo enorme, un acrecentamiento de la deuda argentina de 120 a 500 mil millones de dólares, de acuerdo a los analistas", y agregó que la responsabilidad institucional es muy importante.
En ese sentido destacó: "hay que ser claro y enfático: la Argentina paga sus obligaciones. Ha depositado 1.031 millones de dólares" para el pago a los bonistas de acuerdo con distintas legislaciones: Estados Unidos, Inglaterra y Gales y de la Argentina.
"La Argentina no puede tomarse como un default técnico. Argentina paga. Argentina cumple rigurosamente y cumplirá" y pretende proteger el acuerdo voluntario suscripto por el 94,2% de los bonistas que adhirieron al canje, aseguró el funcionario.
Además, Capitanich ratificó que la posición argentina es "extremadamente racional y de buena fe" y advirtió que "la mala fe la tienen los bonistas buitres, no adheridos, porque pretenden una ejecución de sentencia que saben que tiene efectos al resto de los bonistas que adhirieron".
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