La Caja de Crédito Cuenca había quedado bajo la mira del Banco Central y de la Justicia por operaciones ilícitas mucho antes de que se desatara el escándalo del « ladrillo» de $ 100.000 que se encontró en el baño de la ahora ex ministra Felisa Miceli. El 9 de marzo pasado, el Banco Central radicó una denuncia por manejos poco claros de la entidad financiera por un monto que asciende a $ 365 millones.
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Parte de esta investigación fue mencionada en el pedido de declaración indagatoria a la ahora ex funcionaria que presentó ayer el fiscal Guillermo Marijuán. Las inspecciones efectuadas por el la entidad que dirige Martín Redrado encontraron que la actividad principal de la financiera de la localidad de San Martín era descontar documentos y cheques a público y empresas que querían mantener bajo anonimato la titularidad de los mismos (y obviamente el hecho de haber cobrado los fondos). En definitiva, procuraban cobrar dinero sin que quedara registro alguno de la operación (en negro).
«Dicho mecanismo tendría a su vez como finalidad ocultar la verdadera identidad de los presentantes de los cheques y/o los beneficiarios del retiro de los fondos», explica el Central en la presentación judicial efectuada, a través del gerente principal de Asuntos Legales, Marcos Moiseeff. El párrafo es reproducido, además, por Marijuán.
Se determinó, en ese sentido, que figura una gran cantidad de nombres que nunca habían operado con la financiera como los beneficiarios de los fondos. Algunos de esos individuos ya declararon y confirmaron no sólo que nunca operaron con la institución sino que además desconocían su existencia.
El presidente de la Caja de Crédito Cuenca, Miguel Rutenberg, dio a conocer ayer un comunicado en el que deslinda responsabilidad por el episodio que afecta a Miceli. En uno de los seis puntos de la carta señala que «somos totalmente ajenos al hecho investigado sobre el ladrillo», asegurando luego que «no existe constancia del ingreso a la entidad del ladrillo y tampoco identificación expresa de la numeración en los remitos de las remesas enviadas por el Central». Marijuán opinó lo contrario: que está totalmente probado que el dinero partió del BCRA a Cuenca y que los fondos fueron trasladados por una empresa de caudales.
El Central comenzó la investigación el año pasado, a través del expediente número 101.042/06, que abarca el período que va desde julio de 2003 a julio de 2005. Pese a comprobarse que el tamaño del ilícito sería varias veces millonario, Cuenca siguió funcionando y realizando la misma operación, por lo menos hasta que se desató el «caso Miceli».
La causa está radicada en el juzgado federal de Tres de Febrero, a cargo del juez Juan Manuel Culotta. Y también se efectuó la presentación ante la Unidad de Información Financiera por presunto «lavado de dinero».
Según se describe en el expediente del Central, la forma en que se evitaba blanquear el origen y destino de los fondos era compleja. Los directivos de Cuenca pusieron como excusa al ser consultados por los investigadores del BCRA por el procedimiento irregular que se trataba de una «cuenta puente» y que cobraban una mínima «comisión de cobranza» de 0,2% para los clientes que solicitaban el servicio. Según consta en la presentación ante la Justicia, aparece en el medio de la operación Banco La Pampa (del estado provincial), aunque por el momento no está claro si tuvo algún tipo de participación activa en los ilícitos investigados (o si fue un vehículo involuntario para los mismos). La entidad utilizaba la cuenta corriente que posee en el Banco Central para el descuento de los cheques y al día siguiente solicitaba la entrega del dinero en efectivo en la institución.
Sin registros
Este mismo procedimiento es el que se habría utilizado para el «ladrillo» que terminó en la bolsa de la ex ministra. Claro que aún resta saber quién retiró los fondos, ya que en Cuenca no hay registro alguno de que el dinero se hubiera retirado.
Si bien el Central avanzó con la investigación y efectuó las denuncias judiciales, una de las incógnitas es por qué no se suspendió a la entidad para que cesara con la operatoria bajo investigación. El encargado de tomar esta medida es el superintendente de Entidades Financieras, Waldo Farías, un «pingüino» que llegó al directorio del Central por recomendación directa de Kirchner. «Todo está en etapa de investigación, aún no tenemos fallo judicial respaldatorio», explicaron fuentes de la autoridad monetaria. Sin embargo, la Superintendencia tiene la posibilidad de avanzar por cuenta propia, sin esperar el respaldo judicial, si algún banco o financiera bajo su órbita no cumple con las normas.
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