Convencer a Japón: la difícil misión que debe encarar Argentina ante el Club de París

A esta altura, Argentina tiene un solo escollo importante para cerrar un acuerdo con el Club de París. No es el organismo en sí, tampoco su carta orgánica. Sino uno de sus miembros. Desde esta semana hasta el 30 de junio tendrá que convencer a Japón sobre la eventualidad de un plan de pagos de largo plazo con tasa preferencial para terminar de liquidar los u$s2.000 millones que se le deben a los 22 miembros del bloque.

Según la información que se maneja en Buenos Aires, no habría problema con negociar de manera dura pero efectiva con acreedores como Alemania, España, Italia y casi todos los miembros europeos del Club, quienes detentan gran parte de ese pasivo. Sin embargo, ya se sabe que Japón está desde hace más de un año con mal talante con la argentina.

De acuerdo con el estatuto del organismo, debe haber unanimidad de criterios para aprobar un plan de pagos de un país deudor; mucho más si este cronograma de vencimientos es original y por fuera de lo habitual. Más si se tiene en cuenta que los negociadores locales quieren que haya una reducción sustancial de la tasa de interés que se le cobra al país, y que baje del 9% actual al 1%. Una disminución sólo posible con un apoyo amplio y amistoso de todos los acreedores, algo difícil de lograr. Especialmente por la posición complicada (a ojos argentinos) de Japón.

Se trata de un acreedor tradicionalmente reacio a las “excepciones” para cualquier estado; y que además detenta el segundo puesto en cuanto a los reclamantes, sólo superado por Alemania. En general se le debe dinero prestado durante la década del 90, a partir del otorgamiento de planes de financiamiento del gobierno japonés para proyectos de prefinanciación de exportaciones desde ese mercado a la Argentina o para radicación de plantas y partes niponas y Argentina.

El primer acreedor es Alemania con un 37,37%, dinero generado de manera mixta: con créditos directos para empresas privadas (también de los 90), sumado a viejas líneas del gobierno alemán a la Argentina de décadas anteriores.

En el listado luego aparece Holanda con un 7,98% de la deuda. Se trata de otro caso complicado, donde por cuestiones culturales no existe mucha flexibilidad para países que no cumplen con sus pagos. Los Países Bajos (nombre oficial) votan tradicionalmente en contra en el board del FMI de los acuerdos que propone Argentina.

El cuarto acreedor del país es España, con un 6,68% de la deuda. Es el rezago generado por el crédito que en 2001 giró el gobierno de José María Aznar, para ayudar a sostener la convertibilidad y los giros de dividendos de las compañías españolas radicadas en el país. El total de ese crédito fue de unos u$s1.100 millones, Argentina los declaró en default en diciembre del 2001 con el resto de la deuda externa argentina y durante la primera etapa de gestión de Néstor Kirchner hubo un intento de negociarla por fuera del Club de París, en mejores condiciones que el resto de los acreedores. La presión del resto de los socios de la Unión Europea hizo que el pasivo se sume a la demanda general.

Le siguen como acreedores Italia (6,29%), Estados Unidos (6,28%), Suiza (5,31%), Francia (3,62%), Canadá (2,02%) y un 2% distribuido en el resto del mundo.

El antecedente para conseguir un acuerdo con el Club de París de manera flexible en tiempos de kirchnerismo no es auspicioso. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se intentó negociar con el organismo antes que con el FMI. Sin embargo, desde Europa se frenó la intención, y se supeditó el avance en las negociaciones a un cierre de una Carta de Intención con el Fondo. Luego, Kirchner, ya con el tratado con el FMI en la mano, decidió dejar el pasivo con el Club en default. La situación recién se estabilizó en 2014, con el acuerdo que firmó Axel Kicillof y que Mauricio Macri incumplió en 2019.

El Club de París está integrado por Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Holanda, Noruega, Rusia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, como estados con poder de decisión.