Comercios, contra Ibarra por ilegales

Dos entidades que agrupan a los comerciantes, desde ángulos diferentes, salieron a atacar duramente a uno de sus principales enemigos: los puestos de venta callejera ilegales. Así, la CAME (Confederación de la Mediana Empresa) manifestó su vehemente oposición a un proyecto de ley remitido a la Legislatura porteña por el cada vez más cuestionado jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, el que -según la entidad- en lugar de erradicar el comercio clandestino lo «legaliza». Por su parte, la CAC (Cámara Argentina de Comercio) hizo público su ya tradicional estudio mensual sobre venta callejera, en el que reitera que «40% de las principales avenidas porteñas» está afectado por ese flagelo. De acuerdo con el comunicado de la CAME, la iniciativa de Ibarra fue rechazada de plano en una asamblea de la que participaron dirigentes del sector, de los gremios vinculados (Empleados de Comercio, del Vestido, de la Indumentaria, etc.). El proyecto faculta al Ejecutivo porteño a «otorgar casi mil permisos de puestos de trabajo fijos para vender toda clase de mercaderías en la vía pública». Resulta llamativo que, justo en una coyuntura en que se imputa al Gobierno porteño cierta discrecionalidad en el otorgamiento de licencias, quiera arrogarse la facultad de conceder «permisos» a puestos ubicados en los espacios públicos. Y a pesar de que los legisladores de Ibarra se habían comprometido a derogar una norma que podía resultar una «ventana» para la venta clandestina, el Ejecutivo de la Capital remitió «entre gallos y medianoche» un proyecto que -de convertirse en ley- permitirá la habilitación de 790 puestos fijos en puntos estratégicos de la Ciudad. En virtud de esta situación, una asamblea celebrada ayer (organizada por la CAME, y de la que participaron también asociaciones de amigos de las calles Florida, Corrientes, Avenida de Mayo y Santa Fe, de La Boca, San Telmo y Liniers, entre otras) resolvió no asistir a una reunión ya pactada con Raúl Fernández, jefe de Gabinete de Ibarra; también recomendaron «el no pago de impuestos y contribuciones municipales en las zonas afectadas por la venta clandestina» y prometieron recurrir a la Justicia para reclamar a los funcionarios responsables el pago de los daños y perjuicios que ocasiona la venta ilegal. Por su parte, la CAC advirtió que -aún sin la «ley Ibarra»ya se generó «un mercado clandestino de alquiler de los espacios públicos que sigue incentivando que mafias sectoriales manejen a estos grupos de vendedores». Luego de recordar que mucha de la mercadería que se vende en la vía pública proviene de piratas del asfalto, contrabando o talleres clandestinos con marcas falsificadas, la entidad que preside Carlos de la Vega aseguró que «la falta de controles es una forma indirecta de alentar el robo y la corrupción que se observa en el país». Las afirmaciones forman parte del «Relevamiento de puestos de venta ilegal callejera» correspondiente a diciembre de 2004 por el Observatorio de Comercio y Servicios PyMEs de la CAC. El estudio indica que «la cantidad de puestos permaneció sin cambios con respecto al mes de noviembre: en diciembre se hallaron 1.190 puestos de venta ilegal callejera en las 562 cuadras (es decir 1.124 veredas) relevadas». Si se mira la media botella llena, puede decirse que al menos la ilegalidad no creció; sin embargo, la media vacía demuestra que nada se hizo desde el Gobierno para combatir este flagelo. Luego de enumerar las calles más afectadas (avenidas como Corrientes, Rivadavia, Cabildo, etc.) y las estaciones terminales de trenes como puntos centrales de esta actividad, la CAC dice que 20,2% del total de puestos vende indumentaria y calzado; 20%, alimentos y bebidas; y 19,6%, óptica, relojería y fantasías.

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