Con críticas a De Vido, sancionan ley para Aguas

Julio De Vido

El oficialismo logró sancionar ayer en la Cámara de Diputados el marco regulatorio para AySA (Aguas y Saneamiento), la sociedad anónima con mayoría estatal que reemplazó a Aguas Argentinas, tras la rescisión del contrato liderado por la francesa Suez. No obstante, se reiteró el rechazo de varios exponentes de la oposición, al igual que en la última sesión de 2006, cuando los diputados no kirchneristas se retiraron del recinto, dejando sin quórum a la Cámara para tratar la iniciativa.

El bloque oficialista conducido por el santafesino Agustín Rossi logró 133 votos a favor, provenientes de la propia bancada y del Peronismo Federal, mientras se registraron 75 votos en contra. En este último sector, coincidieron legisladores del ARI, UCR, socialistas, macristas y partidos provinciales.

La legisladora del ARI, María América González, sostuvo que el marco regulatorio de AySA beneficiará «sin ningún control» al ministro de Planificación, Julio De Vido, y puntualizó que el nuevo organismo de control, que reemplazará al ETOSS, «dependerá del Poder Ejecutivo».

Ironía

«El derecho humano es un derecho 'de vido', con ve corta y separado», dijo González contestando a los diputados kirchneristas que resaltaron el derecho al agua. «Cuando todos los caminos conducen al Ministerio de Planificación, sin ningún tipo de control», afirmó la legisladora.

«Se crean cargos específicos en el artículo 92 que van a un fondo fiduciario, que serán manejados por el doctor De Vido, y él sabrá dónde los utilizará», advirtió.

El marco regulatorio sancionado ayer fija normas a AySA, la sociedad anónima que se creó por ley en 2006, con 90% de participación estatal y 10% en poder de los trabajadores, que en el directorio están representados por dos miembros sobre cinco, entre ellos, el titular del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri.

La nueva norma disuelve el ETOSS, ente tripartito conformado por representantes del Estadonacional, la Capital federal y la provincia de Buenos Aires, que se constituyó para controlar a Aguas Argentinas.

El organismo será reemplazado por el ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) y por APLA (Agencia de Planificación) que estará presidida por el subsecretario de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.

Cada uno de los organismos a crearse tendrá tres directores, de los cuales dos se designarán a propuesta de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Pero en todos los casos, los nombramientos quedarán a cargo del Ejecutivo nacional y no está previsto que se realicen concursos para cubrir los cargos.

Ambos organismos se sostendrán con recursos provenientes de las tarifas que pagan todos los usuarios, tal como ocurre hasta ahora con el ETOSS. El ERAS se ocupará del control de la calidad del servicio y la facturación, mientras la Agencia de Planificación dispondrá el destino de los recursos que provea el Estado.

En el año trascurrido desde su formación, AySA fue autosuficiente porque cuenta con los recursos provenientes de las tarifas, equivalentes a $ 700 millones anuales. La suma cubrió los gastos corrientes de la empresa, incluidos un aumento salarial, y algunas obras menores. En comparación con la concesión privada, la empresa estatal parte de mejor situación porque no tiene deuda financiera y no hay reparto de dividendos.

Pero la expansión de los serviciosde agua y de cloacas requerirá $ 17.645 millones hasta 2020, según los cálculos de la conducción de la empresa que se presentaron el año pasado en la Casa de Gobierno como plan maestro.

Según lo informado públicamente, 52% de esos recursos provendrán de la facturación de AySA, mientras 38% será aportado por el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento) que depende del Estado nacional. Otro 5% será afrontado por la Capital Federal, e igual porcentaje por la provincia de Buenos Aires y municipios.

Considerando el volumen de recursos que manejará AySA, el ENOHSA y la Subsecretaría de Recursos Hídricos, todos dependientes del Ministerio de Planificación, es que la oposición planteó la concentración de poder o falta de controles, aun cuando exista una comisión fiscalizadora dependiente de la SIGEN y los dictámenes de la Auditoría de la Nación como en cualquier otro organismo estatal.