Confirmado: ¡Es por plata!

Economía

El conflicto desatado en torno de la política agropecuaria de los Kirchner explicitó las cuestiones fiscales que están detrás de la «política de crecimiento con inclusión social» que defiende el gobierno.

En efecto, del lado de los que «protestan» están los que pagan, con parte de sus ingresos, los mayores recursos fiscales que obtiene la Nación y que no vuelven, en la misma proporción, a sus bolsillos. Del lado de los que «apoyan» implícita o explícitamente, o los que «callan», están los beneficiados por el reparto discrecional que hace el gobierno nacional de esos mayores fondos.

Esta cuestión se ha agravado con la decisión de destinar los ingresos adicionales, de la eventual suba de la recaudación de los impuestos a la exportación, derivada del esquema de retenciones móviles, al «programa de redistribución social». Una manera sencilla de confirmar este conflicto fiscal surge de cotejar el « balance de caja» del sector público nacional de 2007 con la situación al final del último buen año de la convertibilidad (1998).

  • Comparación

    En efecto, en el cuadro que acompaña estas líneas se compara -en términos de PBI- el presupuesto base caja del sector público nacional en ambos períodos. Allí puede apreciarse que los ingresos fiscales de 2007 superan en 8,1% del PBI a los registrados en el 98. De ese porcentaje, casi 75% corresponde a «impuestos nuevos»: los derechos de exportación (aportan 2,5% del PBI); el impuesto al cheque ( contribuye con 1,9% del PBI) y la contrarreforma previsional (con mayores ingresos por 1,5% del PBI). Esta última, más que aportar mayores ingresos puros, equivale a un préstamo, dado que, en el futuro, el Estado tendrá que pagarles a los nuevos jubilados (aunque siempre tiene el recurso de «defaultear» licuando con inflación). Mientras, el incremento de la recaudación de los impuestos « tradicionales», por mayor actividad, por eficiencia de la AFIP y por mayores alícuotas explícitase implícitas (el no ajuste por inflación, por ejemplo), sólo aportan 2,3% del PBI.

    ¿Cómo se distribuyen estos mayores recursos? Una parte ha sido destinada a incrementar el resultado financiero. Se pasó de un déficit de 1,3% del PBI a un superávit de 1,2% del PBI. En ese sentido podría decirse que hay un aporte de 2,5% del PBI (justamente lo que se recauda por mayores retenciones a la exportación) para mejorar la estabilidad macroeconómica del país. Reducir la tasa de interés y facilitar el crédito al sector público y privado, dada la mejora de la situación financiera del Estado. ¿Y el resto? El resto, como surge del cuadro, se gasta en mayores transferencias a provincias (incluyendo discrecionalidades varias del gobierno central), en mayores subsidios al sector privado (para mantener los « precios argentinos» para la clase media y alta, en especial de la Ciudad de Buenos Aires y centros urbanos cercanos a la Capital, y para los «clientes» pobres del conurbano bonaerense). En los nuevos jubilados. Y en mayor inversión pública, que reemplaza a la inversión privada de las privatizadas por ausencia de precios y contratos.

  • Clarificación

    Esta radiografía de los ingresos y el gasto, pone en negro sobre blanco «la plata» detrás del conflicto con el campo. Los que pagan no reciben «a vuelta de gasto público» plenamente los beneficios de los mayores ingresos fiscales, que se destinan a regiones más «populares», con más votos (transporte, alimentos, planes de empleo, cierta obra pública, etcétera). O a subsidiar a sectores de la población concentrados en la Capital Federal y el conurbano bonaerense más rico (combustibles y energía, alimentos, principalmente). En ese sentido, el plan anunciado, si alguna vez se concreta, no soluciona el problema; en realidad lo consolida y, en muchos casos, lo agrava. Mantiene la estructura de hacer obra pública, principalmente, donde están «los amigos» y «clientes». Disfraza la discrecionalidad de la asignación y la ausencia de prioridades. Y esconde el hecho de que un «robo», aun con fines teóricamente loables, no deja de ser un robo.

  • Incertidumbre

    Dos cuestiones adicionales. Los supuestos efectos benéficos, sobre la macro, de un superávit financiero ( debería haber bajado, drásticamente, el riesgo-país) se han dilapidado al introducir fuerte incertidumbre regulatoria y de reputación contractual. En un contexto de alta inflación, sin política naria y destrucción del INDEC. Con el mantenimiento de defaults varios, etcétera. Es en ese sentido que han sido un despilfarro gran parte del 2,5% del PBI arriba mencionado.

    La segunda cuestión, una curiosidad. La regresiva Argentina de Menem destinaba para gastos de consumo y operación del Estado y para las universidades nacionales lo mismo que destina la progre Argentina de los Kirchner. La falta de «cambio estructural» en la organización del Estado es evidente.

    Es probable que, mirando los números, quede ahora mucho más claro por qué protestan los que protestan y por qué aplauden, en los actos públicos, los que aplauden.
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