Confirmado: habrá suma fija de $ 100 para los privados

Empresarios, sindicalistas y gobierno acordaron ayer otorgar una suma fija de cien pesos a todos los trabajadores privados del país incluidos en convenios colectivos. Según cálculos privados, el beneficio alcanzaría a un número de trabajadores en relación de dependencia que va de los 3,2 millones a los 3,7 millones, por lo que la erogación total mensual del sector privado por este concepto rondaría los $ 350 millones.

El beneficio (adelantado por este diario) entrará en vigencia ya para los salarios de julio y regirá por seis meses; no alcanzará a quienes no estén en relación de dependencia (quienes presentan factura o empleados temporarios) y tampoco sería para los trabajadores rurales (no quedó definido). El subsidio sufrirá los descuentos de ley destinados a aportes a obras sociales y PAMI.

El acuerdo fue refrendado ayer en el Ministerio de Trabajo, durante una reunión a la que fueron invitados gremios y entidades representativas de los empresarios. Además de Graciela Camaño, titular de la cartera laboral, estuvieron entre otros Norma Rial (su viceministra), Rodolfo Daer (secretario general de la CGT de los «gordos»), Andrés Rodríguez (estatales), Armando Cavalieri (mercantiles), José Pedraza (ferroviarios) y Gerardo Martínez (construcción). Del lado de las empresas, concurrieron Héctor Massuh (titular de la UIA), Alberto Alvarez Gaiani (UIA/COPAL), Gregorio Chodos (Cámara Argentina de la Construcción), Jorge Di Fiori (Cámara Argentina de Comercio) y Osvaldo Cornide (CAME). Llamativamente, ABA y Abappra -las dos entidades que agrupan a los bancos-estuvieron representadas por funcionarios rentados. Tampoco concurrieron los empresarios más grandes, agrupados en la flamante AEA (la preside Oscar Vicente), que ya había adelantado su oposición a dar aumentos generales por afuera de las negociaciones empresa/ empleados.

A pesar de que se cerró con un acuerdo, el encuentro no careció de aristas ríspidas. El más duro fue el encontronazo que protagonizaron Daer y Camaño: luego de firmarse el acta (no todos lo hicieron: Cornide se fue antes), en la que se consagraba el aumento provisorio, el sindicalista extrajo de entre sus papeles una declaración en la que se pedía la restitución de 13% que se les viene descontando a los estatales desde el año pasado. «Pero por favor, Rodolfo, no me rompás. Eso pasalo por mesa de entradas», reconvino duramente Camaño (que tuvo una actitud durísima con los sindicalistas durante todo el encuentro) ante el silencioso asombro de Daer.

• Compensación

Un intento de Di Fiori tampoco corrió mejor suerte: pidió que el gobierno compensara con algún tipo de beneficio impositivo la derogación extra que deberán afrontar las empresas. Camaño le dijo que eso era resorte de Economía, no de Trabajo, pero su idea también fue incluida en el documento final.

El acta será elevada al Ejecutivo para que se dicte el correspondiente decreto de necesidad y urgencia. Allí se establece que el incremento es de emergencia, se trata de una «prestación alimentaria no remuneratoria y en ningún caso constituye un aumento salarial computable a ningún efecto legal o convencional». Tampoco puede ser tomada como base para la determinación «de cualquier otro instituto, y es absorbible hasta su concurrencia en caso de haberse otorgado cualquier tipo de suma o prestación, remunerativa o no». O sea: no cuenta para aguinaldos, indemnizaciones, para calcular la base sobre la cual se otorgan vales de comida, etcétera.

Tampoco afecta al Coeficiente de Variación Salarial y, por lo tanto, no tiene incidencia sobre las deudas por créditos hipotecarios por vivienda única.

Incluso la cifra fue materia de discusión: el abogado de la UIA Daniel Funes de Rioja pidió que se estableciera que el beneficio era «de cien pesos como máximo», porque no todas las empresas están en condiciones de pagarlo. De inmediato, el gremialista Carlos West Ocampo (sanidad) «saltó»: «Pero que también se ponga que son cien pesos como mínimo».

Finalmente, se impuso la postura de la central industrial, en el sentido de que había que dejar en claro que «se trata de una medida totalmente excepcional». El acta que llevó la UIA dice que «la negociación colectiva es el único medio idóneo para resolver las aspiraciones recíprocas». Pero, agrega el documento, «la UIA comprende la excepcionalidad que impulsa al gobierno a adoptar esta medida, en el marco de la grave crisis que vive el país, en un contexto de fuerte recesión».

Cornide insistió en que «para muchos esto es impagable». Y citó el caso de la Cámara de Agencias de Seguridad, que emplea a unos 100.000 agentes en todo el país, que cobran un promedio de $ 310 mensuales. «Si damos $ 100, equivale a más de 30% de aumento», dijo el dirigente.

Chodos también reflejó el duro momento que atraviesa la construcción e incluyó en el acta que «la actividad está en cesación de pagos y de obras».

¿Qué sucederá con quienes no paguen los $ 100? Es difícil saberlo: en diálogo con este diario, Funes de Rioja dijo que «no se habló de sanciones; seguramente estarán en el decreto que firmará el Presidente, pero se deberán contemplar casos de fuerza mayor».

«Off the record», varios empresarios que estuvieron ayer en Trabajo confesaron su temor de que la ayuda se traduzca en más desocupación: «Hoy un empleado de un comercio de barrio gana $ 300/$ 400, y el comerciante apenas puede pagárselos. Si lo obligan a dar los $ 100, podría optar por despedirlo...», ejemplificaba un dirigente.