Confirmado: retención de 30% a capital especulativo

Surge una controversia sobre el decreto -anticipado ayer por este diario, que recién se difundió anoche- que inmoviliza por un año 30% del monto de los capitales que ingresen no residentes, para evitar la especulación financiera. Es importante aclararle al público que los residentes en el país, argentinos o extranjeros, podrán entrar y sacar dólares tan libremente como hasta ahora, sin esa retención de 30%, con la vieja norma vigente (pone límites en el monto mensual a sacar según sea el destino). Combatir la «especulación financiera» es inobjetable y hasta obligación por parte de cualquier gobierno, mientras lo haga en la legalidad, lógico. Ahora, si esta retención por un año es útil o no ya es otra cosa. Para comenzar hay que decir que algo similar por un año tiene Chile, que es la economía mejor encaminada de Sudamérica (o lo era hasta la crisis del gas que de hoy en más lo afecta). En muchos países asiáticos rige la misma restricción. Por tanto no es un «argentinismo». Es una medida -como en Chile y como será aquí- no muy eficaz en la práctica pero tiene el sano propósito de evitar los perniciosos «capitales golondrina» (o sea los que ingresan a valores financieros argentinos o de cualquier nación a lograr rápido una ganancia, favorecidos porque aquí el gobierno actual de Néstor Kirchner mantiene forzadamente el tipo de cambio estable en lo alto cuando hoy, sin sostén oficial, el dólar tendería a bajar). Esos «capitales golondrina» trastocan los mercados porque se mantienen cuando ganan bien y producen bruscos retiros cuando se asustan o hicieron buena diferencia. Claro, no necesitan ingresar el dinero a la Argentina y no quedan sujetos al implantado 30% de retención porque pueden invertir en títulos o acciones de empresas de aquí en Nueva York o Londres con total libertad. Visto así hay un lado pernicioso en el decreto porque afecta a operadores locales legítimos en beneficio del exterior ya que expulsa operaciones afuera, sean «golondrinas» o ahorristas estables. Además pocas empresas de la Bolsa local cotizan en el exterior y pueden verse afectadas porque comprar aquí sí obliga a ingresar los capitales al país. Pero también es cierto que el gobierno debe dar alguna señal de que no le interesa precisamente la «especulación financiera» sino las inversiones genuinas -fábricas, tecnología, capitalizaciones- que son las que crean puestos de trabajo, por ejemplo.

A partir de hoy, 30% de los fondos que ingresen para efectuar inversiones de portafolio (como compra de bonos, acciones o plazos fijos) y préstamos financieros tendrá que permanecer inmovilizado por el término de un año. Así lo anunció ayer el ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien aseguró que la medida se toma para «reducir las presiones a la apreciación del dólar» que hubo en las últimas semanas.

Un dato clave: la medida sólo impacta en los fondos que ingresen de no residentes (o sea extranjeros). Por lo tanto, la repatriación de dólares que realicen los argentinos con dinero en el exterior no se verá alcanzada por restricción alguna.

La evidencia de otros países que impusieron este tipo de controles es que son de poca utilidad en el mediano plazo para desalentar el ingreso de fondos si la situación económica evoluciona de manera favorable. En realidad, algunos advierten que el peligro es que generen un aumento en el costo del endeudamiento para el Estado (si se afecta la cotización de los títulos públicos, lo que ayer no sucedió)y también para algunas empresas, porque aquellas que se financien con préstamos en el exterior deberán inmovilizar parte del dinero. La barrera al ingreso de capitales golondrina implica el encaje de una porción del dinero que entra al país: 30% quedará congelado en un depósito indisponible en un banco local por 365 días, sin remuneración alguna. Esto obviamente reduce la rentabilidad esperada de una apuesta en activos argentinos que realiza un inversor internacional, ya que una parte del dinero quedará sin posibilidad de ser aplicado.

• Complementación

Esta es la segunda medida que se toma para desalentar el ingreso de los capitales especulativos. La primera se conoció hace dos semanas y consistió en incrementar la permanencia obligatoria de los fondos que ingresan del exterior para inversiones de cartera de 180 a 365 días. La decisión de disponer la inmovilización de parte del dinero es complementaria a dicha medida.

Lavagna efectuó el anuncio desde Casa de Gobierno tras reunirse con el presidente Néstor Kirchner y estuvo flanqueado por el secretario de Coordinación, Leonardo Madcur; y el subsecretario de Programación Económica, Sebastián Katz. El ministro explicó que la medida se adoptó porque «el capital de corto plazo o especulativo crea burbujas de revaluación de la moneda».

En los últimos meses hubo un mayor ingreso de fondos -sobre todo cuando se aclaró la salida del default- que presionan a la baja al dólar, con la consiguiente revaluación del peso. Esta situación provocó una intervención creciente del Banco Central para sostener a la divisa por encima de $ 2,90. De acuerdo con la visión del equipo económico, un dólar más bajo jugaría en contra de la competitividad de la industria argentina.

• Exclusiones

La medida también afecta a empresas argentinas que reciban líneas de crédito internacional, ya que también deberán inmovilizar 30% de los fondos. La restricción a la utilización de los recursos no incluye a las «colocaciones primarias», es decir, la emisión de Obligaciones Negociables (ON) en el exterior. Por lo tanto, las grandes empresas resultan beneficiadas en detrimento de las chicas, ya que las primeras son las que están en mejores condiciones de realizar este tipo de colocaciones.

En el mercado se sintió inmediatamente el impacto de la medida, adelantada por Ambito Financiero, ya que la Bolsa porteña cayó casi 2,5%, mientras que los bonos tuvieron un comportamiento irregular. De todas formas, se estima que la posibilidad de eludir el control al ingreso de capitales para compra de acciones o bonos será relativamente sencilla.

Esta barrera es un mecanismo parecido al que implementó Chile durante los '90, aunque sobre finales de esa década los terminó desmantelando.