Rosatti cuestionó de este modo el sistema utilizado por el CIADI, donde la Argentina afronta más de 30 demandas de concesionarias de servicios públicos que están en manos de empresas extranjeras. Por la cancelación de contratos y los perjuicios sufridos a raíz de la conversión a pesos de las tarifas establecidas originalmente en dólares tras la devaluación de la moneda argentina de comienzos de 2002,
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