Sigue complicándose la renegociación del contrato de concesión del Correo Argentino: un grupo de legisladores peronistas presentó ayer un proyecto de ley pidiendo la anulación del Decreto 1.534/02, que disponía justamente esa renegociación.
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El proyecto está suscripto por un grupo de diputados en el que confluyen -curiosamente-varias de las tendencias del justicialismo que mantienen duros enfrentamientos. Así, la iniciativa lleva las firmas de Manuel Baladrón (La Pampa, cercano al presidente Eduardo Duhalde a través del gobernador Rubén Marín), María Lelia Chaya (Salta, menemista), Carlos Alesandri (Córdoba, delasotista) y Omar Enrique Becerra (Tierra del Fuego, hoy cercano a Duhalde pero que podría volcarse al menemismo).
El único artículo del proyecto de ley (el otro es de forma) dice sucintamente: «Derógase el Decreto 1.534/02 que dispuso la constitución de una Comisión Especial con la finalidad de llevar a cabo la rene-gociación del Contrato de Concesión celebrado entre el Correo Argentino SA y el Estado Nacional». Entre los fundamentos se indica que el decreto en cuestión «excluye la presencia de los usuarios, así como también del órgano de contralor en materia de competencia y defensa de los consumidores». En efecto, el 1.534/02 prevé la creación de una comisión que deben integrar (aún no está constituida) delegados de la Jefatura de Gabinete, de la Secretaría Legal y Técnica, de la Procuración del Tesoro y de la Secretaría de Comunicaciones. «Esta nueva comisión no prevé la participación de la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor», dice el proyecto, que recuerda además «el destacado papel que llevó adelante ese organismo en oportunidad de expedirse sobre el nuevo marco regulatorio, y que provocó el desistimiento de la fusión entre OCA y el Correo Argentino, evitando imponer en el mercado postal una excesiva cantidad de requisitos para los prestadores que llevaría a la existencia de un mercado monopólico». Cabe recordar, a pesar de lo que manifiestan los legisladores, que la unión entre el correo de Francisco Macri y el de Juan Navarro fracasó por «irreconciliables diferencias» entre ambos grupos al momento de hacer los números, y que recién después de que ambas empresas decidieran dar por finalizadas las negociaciones (hecho adelantado por Ambito Financiero) el entonces secretario de Defensa de la Competencia, Carlos Winograd, anunció la negativa de ese organismo a aprobar la operación.
• Pelea
Y en relación con el marco regulatorio, el país todavía sigue sin marco regulatorio para la actividad postal. De hecho, se sabe que el diputado Pablo Fondevila había elaborado un proyecto que sometió a consideración de las empresas del sector en diciembre, y que hace ya un mes viene rumoreándose que lo daría a conocer en la comisión que él preside (la de Comunicaciones e Informá-tica). Pero hasta ahora eso no ha sucedido.
Estos cruces en el Congreso se enmarcan, desde ya, en la dura pelea que vienen manteniendo el Correo Argentino y las demás empresas del sector. En la concesionada afirman que deben renegociarse todas las condiciones del contrato original, no sólo porque el país cambió desde que se hicieron cargo del correo oficial, sino porque el Estado incumplió en casi todo lo que le había prometido por entonces. Del otro lado del ring les responden que Macri y sus socios sabían que el canon ofrecido era impagable, y que cualquier modificación de las reglas de juego los dejará fuera del negocio.
Los correos privados aducen que, de ser cierta una versión que indica que el Correo Argentino dejará de pagar los $ 103 millones anuales prometidos, que se convertirán en un porcentaje sobre la facturación, tanto el Estado Nacional como las cajas de jubilaciones deja-rán de percibir cerca de $ 3.000 millones a lo largo de la concesión.
