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El Tribunal se remitió a lo expresado en el «caso Guida» y en los argumentos del procurador Nicolás Becerra, precedentes con los que se convalidó el Decreto 290 de la administración de Carlos Menem que había establecido reducciones porcentuales en los sueldos.
La Corte en este nuevo pronunciamiento consideró que el Congreso reconoció la validez del Decreto 430/00 hasta la fecha en que fue derogado por la Ley 25.453.
En tal sentido, estimó que la reducción salarial no era confiscatoria, que había sido dispuesta en una situación de emergencia y que tenía alcances generales y vigencia transitoria, similar al caso Guida.
El Tribunal también sostuvo que la rebaja salarial rigió durante un lapso en el que las remuneraciones no fueron afectadas por el «envilecimiento de la moneda operado a partir del año 2002» y que tales circunstancias permitían diferenciar este caso del examinado en la «causa Tobar» en la que se declaró inconstitucional el recorte de sueldos.
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