Crece el rechazo mundial al IVA a medios gráficos
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Radiodifusores
Por su parte, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), con sede en Montevideo, manifestó «su más grave preocupación ante la anunciada medida que promueve la extensión del IVA a los medios de comunicación de la Argentina». La entidad, que representa a 17 mil emisoras privadas de radio y TV de América y Europa, reclamó al gobierno «la inmediata revisión del mecanismo tributario porque encarecer el acceso a la prensa se traduce en el menoscabo de la democracia, ya que se limitan las posibilidades de la opinión pública de recibir información y se afecta el rol crítico y de control que ejerce el soberano». Señala que «la medida enfrenta lo sancionado por la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, dado que restringe la libertad de expresión al coartar la circulación de medios escritos, y la aplicación de normas tributarias no puede afectar los derechos esenciales de las personas y las garantías de orden constitucional».
El diario «O Estado de São Paulo» tituló en su edición de ayer: «Los medios reaccionan contra el cobro de IVA impuesto por ministro» y refiere que para la Federación Internacional de Prensa Diaria, que reúne publicaciones de 38 países, «el impuesto de Cavallo es una seria amenaza contra la libertad de prensa, ya que el poder de imponer impuestos es una forma indirecta de controlar a la prensa».
En Buenos Aires la Asociación de Editores Periodísticos de Buenos Aires y La Pampa (APEBAL) rechazó enérgicamente la aplicación del IVA a la prensa escrita. Haciendo propias las declaraciones contra el impuesto realizadas anteayer por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), agregan (en comunicado firmado por Juan Nazar y César Mansilla, presidente y secretario de la entidad) que «la vigencia de esta medida significará una carga imposible de soportar por las pequeñas y medianas empresas periodísticas gráficas, que ya vienen sufriendo una crítica situación económica y financiera como consecuencia de la aguda recesión que lleva más de 30 meses en el país. La brusca caída del poder adquisitivo de la población ha repercutido en los medios periodísticos gráficos de un modo que pone en riesgo la propia subsistencia de las empresas, que aún luchan en el mercado, porque muchas otras ya han desaparecido por efecto de una política de exclusión. Este gobierno tendría imponiendo este impuesto el triste privilegio de haber inferido la más grave lesión a la libertad de expresión, mediante un mecanismo indirecto de asfixia a la actividad productiva».



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