El gobierno analizará esta semana la posibilidad de introducir modificaciones en el estatuto de la estatal AySA, cuando se debata en el Senado. No es sólo por las críticas de las oposición. Tras los feriados de Semana Santa, tres leyes clave para el gobierno deberán bajar al recinto: la ratificación de AySA, la ley que crea cargos específicos para financiar obras de infraestructura en energía y la promoción del Biodiésel. De todos esos temas, el más complicado sigue siendo la tasa especial que deberán pagar las empresas para transporte y generación de energía. El martes 18 comenzará el debate por el decreto de necesidad y urgencia de la nueva empresa de aguas en la Comisión de Infraestructura y una semana después avanzarían las otras dos leyes pendientes.
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La interna del kirchnerismo en la Casa Rosada por el tema AySA está demostrando que no todo el gabinete estaba de acuerdo en la forma de crear la empresa. A las críticas por haberlo hecho como una sociedad anónima regida por normas del derecho privado -casi sin controles estatales-, en los pasillos del Ejecutivo se opone un razonamiento curioso: «No queremos ser tachados como estatistas, ésta será una empresa ágil». Lo cierto es que ahora podría abrirse el camino a modificar el estatuto de la empresa adoptando un modelo similar al que el gobierno utilizó en el Correo Argentino. El radicalismo, mientras tanto, exigirá -casi en tono de denuncia institucional- que no se avance en el Senado con la ley tal como fue votada en Diputados y se modifique el decreto presidencial que la creó.
En los cruces de la interna kirchnerista se distribuyen culpas a temas por defectos técnicos en la redacción. Se asegura que Kirchner firmó el decreto de creación de AySA sin que su secretario legal y técnico, Carlos Zannini, haya leído el texto.
El camino del texto pasó, por el contrario, directamentepor el ministro Julio De Vido, que encargó el visto bueno final del estatuto de AySA a la Sindicatura General de la Nación, área donde revista su esposa, Alessandra Minicelli.
Como la Casa Rosada prefiere evitar cualquier tipo de críticos, se comenzó a mencionar con insistencia la posibilidad de modificar el estatuto de AySA en el Senado.
Hay un error inexplicable en la redacción del nuevo estatuto. El gobierno estableció en el artículo 28 que la fiscalización de la sociedad será ejercida por una comisión por tres síndicos titulares y tres suplentes y uno por las acciones que corresponden a los trabajadores, todos con una duración de mandatos de un ejercicio, y aclara: «Los síndicos titulares y suplentes correspondientes a las acciones Clase A serán designados..., conforme a lo prescripto por el artículo 144 de la Ley Nº 24.156». Esa ley es la de Administración Financiera y, según el decreto presidencial, debe contener algún error, ya que tanto el texto original como el actualizado cuentan con sólo 138 artículos y uno de forma.
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