El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Argentina coinciden en que no se cumplirá la meta de inflación anualizada para 2022 pactada en el Facilidades Extendidas, en un tope del 48%. El nivel se discutirá nuevamente en mayo próximo, cuando llegue a Buenos Aires la primera misión del organismo correspondiente al acuerdo que hoy cumplirá una semana. Sin embargo, no es la única variable de la que el organismo desconfía.
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El Fondo tampoco cree que la Argentina pueda lograr crecer entre 3,5% y 4,5% este año; y considera que deberá ser una meta que también tendrá que ser rediscutida durante el viaje fiscalizador que Julie Kozac y Luis Cubeddu concreten dentro de dos meses. Aunque, a diferencia de la meta inflacionaria, en el Ministerio de Economía se niegan a abrir la discusión sobre el crecimiento; y reclamarán que la directora adjunta para el Hemisferio Occidental y el jefe de la misión argentina no objeten lo pactado en este punto, o que, en todo caso, aguarden hasta fin de año para confirmar si lo que calculó resulta lo correcto.
Kozac y Cubeddu dudan abiertamente de esta posibilidad. Desde el cierre de las negociaciones entre enero y febrero creen que no es posible crecer de manera real a ese nivel; y mucho menos sostenerlo en el tiempo. Los técnicos del FMI tienen un argumento bastante sólido: al país le faltan dólares para garantizar un incremento constante del PBI. La visión desde Washington es que no hay divisas suficientes como para financiar la llegada de los insumos necesarios para sostener un nivel de crecimiento sustentable.
Tampoco para financiar un nivel de consumo energético que coincida con la demanda de electricidad, combustibles e infraestructura que sostenga el pronóstico. Y se cuestiona desde Washington que las políticas de trabas de exportaciones que crónicamente aplica el Gobierno, coincidan con la visión de un país abierto a la llegada irrestricta de divisas; la única manera de garantizar un superávit comercial sostenido. Para Kozac y Cubeddu no hay manera de asegurar un crecimiento superior al 2,5% para el 2022; nivel que se sostendría en porcentajes similares durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
La resolución de este debate es fundamental. El corazón del Facilidades Extendidas depende de lograr un equilibrio fiscal, reduciendo el déficit de 2022 (que llegaría al 3,5%), a un equilibrio en 2025. Guzmán asegura que el camino para lograrlo es aumentar los ingresos de manera suficientemente sólida y constante, cuestión que se refleje en la recaudación impositiva; la que debería estar por arriba de la inflación. El ministro de Economía muestra los datos acumulados del 2021, donde la recaudación impositiva alcanzó el 60% con una inflación anualizada algo inferior al 50% y un nivel de crecimiento de la economía en el 9%interanual; datos que, proyectados al mediano plazo, determinarían que su tesis tiene razón.
El FMI replica que esa recuperación se debe al despegue de la pandemia y a un simple efecto rebote, y que los datos comparativos de este año no tendrán relación con los de 2021. Para Guzmán sostener estas proyecciones de recaudación y crecimiento, con un nivel de gastos sólo ajustado con una racionalización de las tarifas de servicios públicos básicos, alcanzarán para conseguir las metas fiscales a las que se comprometerá al país.
Mientras tanto, ambas partes ya saben que la inflación es la primera variable del acuerdo aprobado en Washington hace una semana que no se cumplirá. El debate es que tan lejos o cerca estará el IPC de lo negociado originalmente, y si es posible hacia delante mostrar una reducción del índice.
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