«Evo te necesitamos». Una de las pancartas de los empleados que llegaron
a la marcha en la que pedían que su presidente (Evo) Morales los ayude en
esta crítica situación.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continuó ayer con el operativo de inspecciones para verificar las condiciones, especialmente de talleres textiles. Desde el lunes hasta anoche sumaban 85 los comercios inspeccionados y 41 los clausurados.
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La manifestación de ayer, de más de 1.500 bolivianos (ver nota aparte), y la queja de usuarios de un polideportivo, donde fueron alojadas más de 80 personas transitoriamente luego de la clausura de talleres textiles, son algunas de las complicaciones que comienza a padecer Jorge Telerman tras el incendio que la semana pasada causó la muerte de seis personas -entre ellas cuatro niños- en un local de confección de prendas de vestir.
El gobierno porteño inició, a partir de la tragedia, un operativo sin precedentes, donde hasta concurrieron a lugares que eran casas de familias -seguramente por denuncias erradas-, en la búsqueda de talleres ilegales por los barrios del Bajo Flores, Flores, La Paternal y Floresta.
Telerman sabe que la sombra de Cromañón («sobre las cenizas» de esa tragedia, dijo, nacía su gobierno) lo persigue quizá prematuramente, y no ha logrado desandar el camino de su antecesor, el destituido Aníbal Ibarra.
El jefe de Gobierno se lanzó, de la mano de sus ministros Enrique Rodríguez y Diego Gorgal, a la clausura masiva de locales supuestamente ilegales de confección -también acudieron a otros comercios-, pero además -igual que con el caso Cromañón hizo Ibarra- disparó hacia el gobierno nacional al tratar de convertir un problema de habilitación inadecuada, o falta de habilitación, en un tema de inmigrantes ilegales o trabajo en negro. La táctica es convertir un caso de habilitación (algo que depende del gobierno local) en un caso de ilegales (algo que depende del gobierno nacional).
La comunidad boliviana -principal víctima del caso- reclamó ayer hasta la intervención del propio Evo Morales; se quejan de la pérdida del empleo y de la vivienda. Todo a horas de que sean interpelados por comisiones legislativas Rodríguez y Gorgal.
Más domésticos que grandilocuentes, los diputados porteños -en especial el macrismoquieren ver el certificado de habilitación contra incendios que emiten los Bomberos de la Federal, para el local de la calle Luis Viale 1269, donde ocurrió el incendio el jueves pasado.
Pedidos de informes
Cuando aún no se distingue entre oficialistas y opositores en la Legislatura porteña -sujetas esas voluntades al armado político del staff de su gestión que piensa terminar Telerman mañana-, los diputados votarán hoy sobre tablas la aprobación de varios pedidos de informes sobre la tragedia, entre ellos los suscriptos por los macristas Martín Borrelli, Gabriela Michetti; de Recrear, Jorge San Martino, y de Unidad Republicana, Jorge Enríquez.
Ayer el Gobierno porteño clausuró 11 locales más en operativos que inició el lunes juntamente con organismos nacionales.Son ya 41 los talleres cerrados en la Ciudad de Buenos Aires, sobre los cuales había alertado la Defensoría porteña el 6 de enero pasado.
A los bolivianos que vivían en los talleres -como en el de Luis Viale, donde ocurrió el incendio-, el Gobierno porteño los ha llevado en principio al polideportivo de Parque Avellaneda, un barrio que linda con el centro comercial de la calle Avellaneda donde se venden prendas al por mayor, algunas de las cuales se fabrican en los talleres de la zona, como los clausurados. Llegaban ayer a más de 80 personas en ese lugar, a las que ofrecen $ 400 por única vez para que resuelvan su problema de vivienda y vales de asistencia social para alimentos.
Los usuarios del polideportivo porteño comenzaron así sus propias quejas por la imposibilidad de utilizar las instalaciones sanitarias del lugar, ya que no habían llegado, ayer por la mañana, baños químicos, porque los existentes son utilizados por las familias albergadas en las instalaciones cerradas del gimnasio.
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