Cuál es el costo fiscal de elevar al 82% las jubilaciones

La Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable para un proyecto de ley que establece que la jubilación mínima sea el 82% del sueldo mínimo, vital y móvil. Esta iniciativa preocupa al poder Ejecutivo por el "enorme costo fiscal" como lo califican, estimado en unos 5.500 millones de dólares anuales de convertirse este proyecto en ley (ver cuadro).

En este sentido, en los pasillos de la Casa Rosada se comenta que la presidenta Cristina de Kirchner podría, como suele hacer, "primerear al Congreso" enviando desde el Ejecutivo un proyecto de ley estableciendo el ajuste del haber mínimo en 82% móvil pero pidiéndole al mismo tiempo al Parlamento que estipule de dónde el Estado podrá obtener los recursos incluso a lo largo del tiempo.

La estrategia oficial apunta a que los necesarios recortes que habría que hacer de los gastos estatales, como por ejemplo, los subsidios al transporte o la energía, sea una decisión que la oposición deba explicar a la sociedad pagando los costos políticos de tener que recomendar medidas "antipáticas" de implementar para mejorar el haber jubilatorio.

Cabe señalar que actualmente, el sueldo mínimo se ubica en 1.500 pesos lo que implicaría, si prosperase este proyecto de ley, que el haber mínimo se ubicaría en 1.230 pesos mensuales. Según el Anses unos 5 millones de jubilados y pensionados serían beneficiados con esta medida, de donde la erogación sería de superior a los 20.000 millones de pesos es decir más de 5 mil millones de dólares anuales. Esta impactante cifra surge de multiplicar la diferencia que el Estado debería incorporar al haber mínimo es decir unos $335 por cada jubilado (incluyendo el aguinaldo) lo que representa anualmente por cada pasivo $4.355 (ver cuadro).

Por otra parte la CGT, concluidas la mayoría de las negociaciones paritarias, le planteó al gobierno la necesidad de convocar el Consejo Nacional de Empleo para actualizar el salario mínimo vital y móvil. Algunos gremialistas estiman que la suba podría ubicarse en torno a los 1.700 pesos como mínimo. De ser así, y de materializarse el proyecto de elevar el 82% móvil el Estado debería pensar en una erogación anual superior a los 8.200 millones de dólares.

En tanto, la abogada previsionalista, Graciela Stacevich, quien estuvo a cargo del caso Badaro, en declaraciones radiales opinó que las cuentas públicas "no cierran" para pagar el 82% móvil a toda la clase pasiva, aunque reclamó "encontrar una manera de dar dignidad al haber jubilatorio". Cabe recordar que el caso "Badaro vs. Anses" marcó un precedente en la jurisprudencia argentina, cuando la Corte Suprema de Justicia dispuso que los haberes se ajustarán de acuerdo a la evolución de los salarios. Actualmente, y por ley, los haberes se ajustan dos veces por año en base al resultado de la recaudación impositiva y un promedio salarial. En base a este índice, el especialista previsional, Daniel Marcú, dijo a ambito.com que, si bien no se conoce aún de cuánto será el aumento en septiembre, se estima que no se ubicará por debajo del 10% y, explicó que en la actualidad el gasto total del Anses es "de unos 100.000 millones de pesos por año (más de u$s 25.000 millones) y el aumento representaría 10.000 millones de pesos más (u$s 2.500)". El especialista admitió que el financiamiento del sistema provisional es un problema mundial. "Es que para tener financiamiento genuino del sistema la relación mínima debe ser 3 aportantes por jubilado" y añadió que en la Argentina esta relación "es 1,5 trabajador aportante por jubilado con esa recaudación se financia la mitad; la otra mitad viene de impuestos"

Por su parte, la diputada nacional del Frente Progresista, Cívico y Social, Alicia Ciciliani, en declaraciones radiales aclaró que "la ANSES, producto de la estatización de los fondos de las AFJP" a la que sumo el nivel de recaudación impositiva, sostuvo que "el Estado puede afrontar el 82% para la jubilación mínima. El sistema soporta esta situación que estamos reclamando".

La semana pasada, el ex presidente Néstor Kirchner afirmó que de aplicarse esta medida la Anses "se quedaría sin fondos". Ciciliani le respondió a Kirchner afirmando que "hay una estructura de gasto en la Argentina que asigna un 3,5% del producto bruto destinado a subsidios. Esto implica que un ciudadano de Buenos aires, que vive en una de las zonas más caras del país, tenga subsidiada la energía y el transporte. Esto es lo que hay que revisar, estas inequidades".

El problema es que el gobierno, si bien tiene la motivación de mejorar los haberes jubilatorios, no está dispuesto a pagar el costo político de, por ejemplo, elevar las tarifas de los servicios públicos para los sectores de la clase media, un electorado que de por sí ya es bastante crítico a los Kirchner.