El caso Greco avanzó ayer en la Justicia cuando el juez federal Sergio Torres ordenó el procesamiento de Osvaldo Siseles, Yolanda Eggink, Alberto García y Beatriz Pernas, todos funcionarios de la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía durante la gestión de Roberto Lavagna. Ellos fueron quienes intervinieron en el proceso de homologación judicial de la supuesta deuda del Estado con los Greco que luego les permitió a los mendocinos iniciar el juicio de ejecución por $ 332,5 millones contra la Nación. Torres los consideró presuntos «coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» a propósito de «la intervención que les cupo en las maniobras defraudatorias llevadas a cabo en el marco del expediente en que se sustanciara la demanda interpuesta por los representantes del denominado Grupo Greco contra el Estado Nacional respecto del cumplimiento de los convenios oportunamente suscriptos por dichas partes y aprobados» durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
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El procesamiento fue dictado en el expediente 1.380/07, caratulado «Eggink, Yolanda y otros s/defraudación por administración fraudulenta» que quedara radicado en ese Juzgado Federal N° 12 a propósito de una denuncia presentada por la actual subsecretaria legal de ese ministerio, Dra. Alejandra Tadei, y el abogado Alejandro Rúa, encargado de la unidad anticorrupción que funciona en Economía.
Es la segunda medida judicial que se toma durante el último mes en relación con el escándalo de los Greco. El 25 de julio pasado el juez federal en lo civil Francisco de Asis Soto, quien tramita la ejecución contra el Estado por la deuda reconocida a los Greco, ordenó dejar sin efecto la homologación que él mismo había avalado en 2005. Las pruebas para ese cambio fueron aportadas por los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz que bloquearon en el Senado el pedido de Felisa Miceli para emitir los bonos que supuestamente se usarían para pagar la cuestionada deuda a los Greco. Este pago se frenó en el Senado cuando este diario publicó que se votaría la partida respectiva.
El juez Torres destacó que «del universo de irregularidades probadas en autos despunta un actuar cuyo carácter perjudicial a los intereses del Estado Nacional se halla suficientemente acreditado tanto en su materialidad como cuanto hace a la responsabilidad que les cabe a Osvaldo Siseles, Yolanda Eggink, Alberto Daniel García y Beatriz Pernas, quienes tuvieron a su cargo la representación del Estado Nacional en el expediente judicial de mención, sea directamente o por disposición jerárquica, a partir del 10 de junio de 2004, y a contrario de los intereses del Estado Nacional... impulsaron y/o procuraron la homologación judicial de la liquidación de una deuda reclamada al Estado por el mentado grupo empresario, decretada el día 11 de agosto de 2005 en el citado expediente, por la suma de $ 332.396.128,64 pagaderos en Bonos de Consolidación Moneda Nacional Cuarta Serie, obligando así abusivamente al Estado Nacional y perjudicando de esa manera sus intereses», en una cifra que hoy supera los 600 millones de pesos.
Abuso
«Ha quedado demostrado en autos que los nombrados, incumpliendo los deberes que los cargos asignados le imponían, y en pos de procurar, cuanto menos, un beneficio indebido para el grupo empresarial Greco, obligaron abusivamente al Estado Nacional, comprometiendo los intereses patrimoniales que le fueran confiados» y que, tal como fuera acreditado por los denunciantes, «lo que conforma la desleal maniobra defraudatoria es el cambio de la estrategia de los patrocinantes del Estado Nacional, a contrario de los intereses por los que debían velar. Así, se ha demostrado como tras años de discusión en torno a los compromisos asumidos, y amén de la férrea posición de que el Estado Nacional nada debía a la parte actora en concepto de indemnización sino que, por el contrario, resultaba acreedora.
Deliberadamente actuando en pos de la actora, no sólo se tuvieron por probados rubros indemnizatorios hasta ese momento negados, sino que hasta por 'razones de economía procesal' se practicaron las correspondientes liquidaciones», dice el fallo de Torres.
El juez dispuso además el embargo de un millón de pesos respecto de los bienes cada uno de los funcionarios de Lavagna «en relación al hecho que les fuera imputado respectivamente, quienes al momento de desarrollar las conductas descriptas tenían cabal conocimiento de sus calidades de funcionarios públicos en ejercicio de la defensa de los intereses del Estado, de los deberes y obligaciones que de tal carácter emergían y de las implicancias negativas de los actos en los que activamente participaban, como la voluntad para llevarlos adelante no obstante su ilicitud» y que «las irregularidades advertidas, lejos de aparecer como casuales o producto de un actuar meramente negligente, se presentan como sospechosamente discrecionales y motivadas exclusivamente por la prosecución del interés en beneficiar, cuanto menos, a la parte contraria, en perjuicio de los intereses del Estado Nacional».
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