Cupón PBI: defendió el Gobierno gestión de Kicillof y Moreno

Fue en la presentación de un escrito en el tribunal de Loretta Preska. Bizarro momento en Manhattan.

La causa que inició contra el país el fondo buitre Aurelius por el supuesto manejo amañado de los índices de crecimiento del PBI y sus consecuencias en el no pago de los dividendos del Cupón PBI en el 2013, produjo ayer un milagro. En la presentación de la defensa Argentina ante los tribunales de Estados Unidos donde avanza el caso, el gobierno de Mauricio Macri justificó la tarea de Axel Kicillof en el ministerio de Economía y de la intervención de Guillermo Moreno en el INDEC, durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Los abogados que representan al país, presentaron ayer formalmente los argumentos de justificación y legalización de la acción, asegurando que la gestión de ese año no cometió ningún delito y que el haber modificado la base de cálculo con la cual se mide el crecimiento de la economía argentina, fue un acto oficial, institucional y, fundamentalmente, legal.

El bizarro momento -al menos a los ojos de la campaña política que se vive en el país de acusaciones cruzadas por mal desempeño mutuo entre el macrismo y el kirchnerismo- figura en el escrito, donde los abogados contratados por el país aseguran que Kicillof tenía el derecho de alterar los mecanismos de elaboración del INDEC, independientemente que esta decisión provocara pérdidas en los tenedores de deuda voluntaria. Y que, además, no queda demostrado en las presentaciones del litigante (el fondo buitre) que efectivamente haya habido una intervención del INDEC durante los años del kirchnerismo. Afirmó además que el cálculo tomado como válido para no pagar el cupón PBI durante el 2015 fue correcto. Y que, como consecuencia de todo esto, la corte del segundo distrito Sur de Nueva York que dirige Loretta Preska (y que reemplazó en su momento al legendario Thomas Griesa), debería desestimar el caso.

Esta presentación de ayer contesta una anterior del fondo buitre Aurelius, quién el 3 de junio pasado argumentó que la Argentina actuó premeditadamente y de “mala fe” al alterar la medición del PBI del INDEC para el ejercicio 2013, a partir de la “conducta indigna de un funcionario y un gobierno”, para no liquidar el saldo favorable del bono. Por todo esto reclama que se le liquiden unos u$s87 millones (más intereses, gastos y punitorios) sin llamar a negociación previa. Esa es la cantidad de deuda que Aurelius logró comprar antes de iniciar la causa, luego del vencimiento fallido del cupón PBI del 2015; y, obviamente, adquiridas durante el gobierno de Mauricio Macri, se supone, al ver el fondo buitre que avanzaba rápidamente otra de las causas que debe enfrentar el país en ese tribunal como es la del juicio por la reestatización de YPF.

La causa, para la Argentina, puede convertirse en una verdadera bomba de tiempo financiera y fiscal, si finalmente Preska determina que el fondo buitre Aurelius tiene razón en su reclamo. Esto sucedería si para la jueza de primera instancia confirmara en su fallo, que durante la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, en la última parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la intervención del INDEC de Guillermo Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos u$s3.000 millones en 2014. Según Aurelius, el Gobierno alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año supere el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del cupón PBI. El INDEC calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”. Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio.