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Si la meta es confundir mucho más al ciudadano común, de lo que ya lo está, de eso se encarga el propio ministro: que sale lujosamente en sus primeras entrevistas, asegurando que el tema de los acreedores privados y los juicios no traerán ningún problema. Y, de buenas a primeras, aparece en los medios casi pretendiendo una «cruzada» y con la gente encolumnada detrás de la propuesta, como también todo el empresariado. Lo que se paga a un acreedor, siempre pasa por el esfuerzo del deudor, a menos que sea un deudor cómodo. Quién no ha tenido que recortar su presupuesto familiar, en virtud de tener que abonar la cuota de un crédito, o afrontar impuestos, ante un ingreso que ya no alcanza para todo. Recordamos, cuando la terrible crisis asiática, las fotos conmovedoras de ciudadanos de Corea que donaban sus alhajas, cadenas de oro, cosas por el estilo, para ayudar al presupuesto nacional. Hacer concientizar sobre que los compromisos no deben cumplirse con ajustes de nadie, no es una buena clase para la sociedad. Que los empresarios, inmediatamente, hagan causa común con la idea es puro mercantilismo, en estado primitivo. Y lo que pide Lavagna, arengando a la gente, no debería llamarse «adhesión», simplemente, sino una suerte de «complicidad»: no desde antes de efectuar la jugada, a puro riesgo de los funcionarios, sino cuando se las están viendo fea. Ya que solicita esto el ministro, como ciudadanos le decimos: que no cuente con nosotros.




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