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El decreto establece una comisión máxima cercana a los u$s 200 millones para las seis entidades que formarán parte de la operación como organizadores principales. Tendrán, eso sí, una comisión creciente si consiguen que más de 66% de los acreedores acepte entrar en el canje de deuda vieja en default por los nuevos títulos.
Según el cronograma que maneja el Ministerio de Economía, hacia mediados o fines de abril tendría que estar definida la oferta formal que ofrecerán a los bonistas. Incluirá los distintos tipos de títulos que se ofrecen y las alternativas de canje que se abren.
El proceso podría demorar varios meses y no concluiría antes de setiembre, es decir al menos un trimestre después de lo que se había comprometido con el FMI. La gran incógnita es cuántos acreedores podrían rechazar esta oferta si el gobierno continúa con la idea de una quita nominal de 75 por ciento.
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