El gobierno definirá el próximo viernes los lineamientos del presupuesto nacional para 2002 en una reunión plenaria donde representantes de todos los ministerios deberán aceptar o debatir los recortes propuestos por Economía para llegar a una poda general del gasto de $ 6.000 millones. Frente a ellos se sentará el secretario de Hacienda, Jorge Baldrich; y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el mendocino Raúl Baglini. Chrystian Colombo coordinará la discusión y luego analizará con Domingo Cavallo los resultados.
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Lo cierto es que hasta ahora el gobierno ha querido manejar el debate presupuestario con un hermetismo no visto en otras ocasiones. Una explicación creíble a este fenómeno es la forma en que el proyecto de ley llegará al Congreso el próximo 15 de setiembre: sólo se enviarán los lineamientos generales con la suficiente falta de precisión como para que a cualquiera le signifique un esfuerzo saber por dónde pasó la guadaña.
El resto, es decir, las planillas generales y el desagregado del gasto, ingresarán al Congreso recién después de las elecciones del 14 de octubre cuando la verdad sobre el ajuste no afecte aún más los resultados electorales.
Este año habrá un cambio en la metodología presupuestaria, aunque sin modificar los nomencladores universales que se utilizan en el mundo y que con pequeñas diferencias adopta cada país.
Por lo pronto, se confirma que el cálculo base para llevar adelante el recorte salarial será a partir del presupuesto ejecutado y no de la ley de presupuesto 2001 votada en diciembre del año pasado. La diferencia es lo suficientemente importante como para verificar que la poda salarial de 13% se mantendrá durante el año próximo ya que el cálculo de gasto se realizó a partir de ese nivel. El gobierno partirá desde el piso de gasto ya alcanzado a esta altura del año.
Ayer los bloques de Diputados comenzaron a discutir algunos puntos conflictivos del presupuesto 2002. Y dentro de las cuestiones espinosas están, sin duda, las pensiones graciables que otorga el Congreso y que, de acuerdo con lo que se viene estableciendo desde Seguridad Social, tendrían sus días contados.
Esta vez la bronca de los diputados cayó sobre Estela Luna, funcionaria del Ejecutivo encargada del control de las pensiones.
Luna estableció un censo obligatorio que deberán cumplimentar todos los beneficiarios, quien no se presente dejará de percibir la pensión.
La queja de los diputados, que no conoce partidos ya que el radical Baglini se quejó con la misma fuerza, apunta a la obligación que tendrán los pensionados de viajar para censarse, en algunos casos varios cientos de kilómetros. Esta nueva decisión más una serie de altercados con la funcionaria llevaron al límite de que Lamberto estudie iniciarle una querella a Luna, clásica enemiga de las pensiones del Congreso.
