Demora Lavagna en responder una denuncia sobre la pesca

Economía

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, tiene en su escritorio desde hace un mes una fuerte denuncia sobre las irregularidades que se habrían registrado en la Subsecretaría de Pesca de la Nación, las que no serían ignoradas por el secretario de Agricultura, Miguel Campos.

La denuncia toma fuerza ya que el subsecretario de Pesca de la Nación, Gerardo Nieto, estaría estudiando el traslado de los expedientes que se encuentran en la Dirección Nacional de Pesca al Archivo General del Ministerio de Economía. El objetivo de dicha decisión, luego de remover a la interventora de la Dirección Nacional de Pesca, sería dificultar y burocratizar el acceso a dichos expedientes. De hecho, un expediente del archivo general debe ser reclamado por nota y tarda varios días en llegar a destino, además de no estar previsto un historial con el registro de los pedidos.

Asimismo, estaría en estudio en el área de Agricultura la posibilidad de dejar sin efecto el Registro de Pesca e impulsar una revisión de los expedientes a través de un estudio de abogados externo. Nieto sostiene -así los hizo ante este diario- que intenta reestructurar la subsecretaría para eficientizarla. El personal de Pesca supone que el próximo paso es realizar una revisión de todos los expedientes. Desde afuera de la subsecretaría se indica que una revisión de los expedientes por medio de personal externo permitiría modificar decisiones sobre barcos, así como quitar y conceder permisos de pesca en forma indiscriminada.

• Especulación

La interventora removida, Nélida Videla Sánchez, alertó al ministro Lavagna sobre una aparente desidia en la contestación de expedientes por parte del subsecretario Nieto. «No sería raro que se vendan los expedientes de infracciones, tal como se hizo en 1999, para limpiar la imagen de determinadas empresas por el tema de la cuotificación», especulan quienes hablan en contra de la acción gubernamental.

«Hoy vemos un sector pesquero que va por el camino de una seria crisis por falta de políticas adecuadas... Uno de los motivos principales es la falta de control, la pesca indiscriminada», le cuenta Videla a Lavagna, a quien le solicitó la instrucción de
un sumario administrativo «no sólo con el fin de deslindar responsabilidades, sino también con la idea de fundamentar lo expuesto y aportar soluciones a tantas irregularidades que desde años se vienen cometiendo en el sector ya sea por corrupción, por ignorancia o por actitudes rayanas en la irresponsabilidad». La misma nota que circuló por Economía sostiene que el Consejo Federal Pesquero «aprobó dos expedientes con autorizaciones para pescar en aguas internacionales, es decir, permisos de pesca de gran altura para dos buques extranjeros que luego obtendrían bandera nacional para operar únicamente fuera de la zona económica exclusiva». Además, agrega la nota firmada por Videla Sánchez que recibieron Lavagna y Campos, que «llama la atención y puede observarse a través de las actas del Consejo, que este órgano no autoriza permiso de pesca de gran altura a buques de bandera nacional con permiso de pesca vigente que así lo requieren. Al parecer a los buques extranjeros sí».

Otro de los temas denunciados se refiere a los buques que pescan sin autorización en la zona de veda de merluza común. «Hasta fines de setiembre último, la Prefectura Naval Argentina me comunicaba directamente con todo buque que detectaba operando en dicha zona, por orden verbal del subsecretario Nieto a la Prefectura, esas comunicaciones dejaron de efectuarse, sólo se lo comunicaban a él y, después, pasados diez o veinte días, remitía la subsecretaría, la comunicación al área de sumarios de la Dirección Nacional», se quejaba la ex interventora, luego de aclarar que
la infracción más grave «es operar sin autorización en zona de veda o pescar sin permiso de pesca».

Lo cierto es que desde Economía no hubo respuestas al reclamo de Videla, y el mismo secretario de Agricultura Campos
(que en la «interna» de Agricultura reporta a Lavagna en contra de la «línea K») firmó la resolución con la que se despidió a la funcionaria a partir del 31 de marzo, aunque recién se la notificó el 6 de abril.

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