La comisión investigadora sobre lavado de dinero se reunirá hoy para comenzar la primera revisión completa del preinforme que fuera presentado por Elisa Carrió hace 10 días con la firma de sólo 4 integrantes de ese cuerpo y que generó una crisis interna dentro de la comisión que amenazó con paralizar las investigaciones. Después de la frustrada renuncia de Carrió a la presidencia, los diputados acordaron revisar desde cero el documento para corregir algunas de las acusaciones que allí se realizan y cotejar las pruebas disponibles. Hoy, la revisión comenzará con los capítulos uno y dos del informe, donde están dos de los puntos más polémicos.
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El capítulo primero habla del «Marco normativo y legitimidad constitucional de la competencia de la comisión», es decir la base jurídica que tiene ese cuerpo para investigar.
Pero además trata el tema más cuestionado por los diputados que se opusieron a firmar el dictamen de Carrió, es decir los justicialistas, radicales y cavallistas. Esto es, la «metodología del informe». Allí aparecerán las críticas a la forma en que el dictamen fue elaborado y se acordará comenzar con una serie de audiencias de testigos para corroborar declaraciones y revisar pruebas. El segundo capítulo del informe es aún más polémico. Trata sobre «Los modelos de capitalización de deuda externa e inversiones en la Argentina». Allí están las investigaciones sobre Gaith Pharaon, el BCCI y lavado de dinero, que Carrió relacionó con Alberto Kohan, el modelo del Citicorp y el grupo Exxel. Esta revisión del informe llegó después de la última reunión de comisión donde los diputados le exigieron a Carrió cambios en la metodología y la creación de un triunvirato de legisladores que seguirán de cerca el proceso junto a la chaqueña. Pero además de esa revisión, la comisión deberá analizar las cartas documentos que ya comenzaron a llegar a la investigadora, bien pidiendo rectificaciones en la información incluida en el preinforme y en otros casos, anunciando el inicio de juicios por daños y perjuicios contra la comisión, los diputados personalmente e incluso el Estado nacional. Uno de esos casos es el del estudio jurídico Pérez Aladi, Grondona, Benites, Artsen y Martínez de Hoz Jr. Ya enviaron una carta documento donde amenazan con reclamar al Estado. «Esperamos que el Estado recupere de vuestro patrimonio personal el monto de los daños causados», dice la misiva que llegó incluso a las oficinas de los diputados que no firmaron el predictamen y que por lo tanto, estaban ayer al borde un ataque de nervios. «Intimamos a ustedes que corrijan lo indicado a efecto de reducir el daño causado en el honor de las personas... se incluyeron nombres de personas y empresas sin tomar los recaudos... de tratarse de una empresa privada llevarían inmediatamente a un despido de la persona responsable», dice la carta documento en algunos de sus párrafos.
Estudio jurídico
Finalmente el estudio jurídico, que aparece nombrado en dos capítulos del informe junto con los bufetes más grandes de la Argentina y el Uruguay, intiman a que «se difunda la aclaración con el mismo nivel que la denuncia». Otro caso es el de un empresario uruguayo, Juan Vanrell, al que los problemas por haberlo acusado de intervenir en operaciones de lavado de dinero, le produjo no sólo un perjuicio comercial y en su imagen sino un conflicto familiar con su esposa y sus hijos quienes suponen que el padre les ocultaba ese tipo de operaciones y por lo tanto también envió una carta a la comisión. Federico Polak también envió una carta documento a la investigadora. Polak allí compara al cuerpo presidido por Carrió con la comisión anticomunista que en los '50 lideró el senador McCarthy en los Estados Unidos. Polak fue citado en el informe gracias a una operación de compra-venta de títulos en épocas en que se desempeñó como interventor del Banco de Río Negro: «Recuerdo que la estrepitosa caída -de la famosa comisión anticomunista-se produjo por la aficción a la persecución, la grandilocuencia y la mentira, lo que determinó que un prestigioso abogado inquiriera al senador McCarthy por haber perdido el sentido de la decencia... En la mezcla hacia abajo da lo mismo Al Kassar que cualquier otro... Esta presentación es un peligro», dice Polak en su carta a los diputados de la comisión investigadora. Otra de las empresas uruguayas que ya reaccionaron ante las acusaciones del predictamen es la uruguaya Sienra y Albano: «El daño que eso ha generado no tiene medida», dijeron en su protesta, generada por la inclusión dentro de una lista de empresas orientales que habrían colaborado con operaciones de lavado. A todo esto debe sumarse uno de los hechos más curiosos y graciosos de la investigación. Desde España se informó, existen varias publicaciones en la península que ya han dado nota sobre esto, que la empresa «Mallorca Enterprises Ltd.», que se denunció era propiedad de Carlos Menem y Ramón Hernández y que tendría a su nombre una serie de propiedades del ex presidente en ese país, «es en realidad un centro de acupuntura japonés y, además, propietaria de un negocio de restauración». La información fue publicada en un diario de Palma de Mallorca, en las islas Baleares y desmiente que Menem tendría 75% de la sociedad y que el restante paquete accionario correspondiera a Hernández. Por lo pronto ya se sabe que antes de conocer el dictamen final de la comisión existirán al menos dos o tres preinformes más a emitir por la investigadora. Esto fue confirmado durante el fin de semana por la frepasista Graciela Ocaña, la diputada más cercana a Carrió dentro de la comisión al límite de soportar el apodo de «hormiguita» que le puso la chaqueña. La misma fuente anticipó que el segundo predictamen se conocerá en unos 30 días, aunque en la práctica se especula que éste será una corrección del conocido hasta ahora. Pero además ya contendrá algunas declaraciones de testigos e imputados: «Se citará a las personas involucradas en este primer informe y si habría que hacer alguna rectificación, se haría», dijo Ocaña. Al mismo tiempo los diputados comenzarán a revisar y cargar en las computadoras todas las pruebas que llegaron la semana pasada en tres cajas desde Washington y que contienen referencias al caso MA Bank y la financiera Mercado Abierto de Aldo Ducler. Según estima Carrió esa información es vital para avanzar en las presuntas vinculaciones entre el poder político y los carteles de Juárez, Cali y Medellín.
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